La más reciente edición de El Mundo Indígena, publicada por IWGIA, destaca que, en Venezuela, las mujeres indígenas son objeto de múltiples formas de violencia que las colocan en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, el fallo sin precedentes de la justicia venezolana a favor de las mujeres jivi abusadas sexualmente por un oficial militar, puede ser el inicio del fin de esta situación.
La edición de este año de El Mundo Indígena, recientemente publicada por IWGIA, señala que “la situación de las mujeres indígenas en todo el mundo se mantiene inaceptablemente igual (…) continúan siendo objeto de discriminación interseccional y de múltiples expresiones de violencia de forma desproporcionada”.
En el caso de Venezuela, dice el informe basado en información suministrada por Wataniba y otras organizaciones de Venezuela, que “durante la última década, las niñas, adolescentes y mujeres indígenas en el territorio al sur del Orinoco han sido víctimas de maltrato físico, violencia psicológica y sexual”. Y añade que “estos tipos de violencia generan daños y consecuencias que las colocan en una situación de extrema vulnerabilidad, por cuanto su pertenencia a un pueblo indígena y su condición de pobreza ya constituyen factores de riesgo”. En los últimos días, esta cita se ha hecho carne con el caso de las dos mujeres jivi que lograron que se hiciera justicia.
Justicia sin precedentes
Tras un largo y complicado proceso judicial, finalmente el teniente de fragata de la Armada Nacional Bolivariana, Roger Bracho García, fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado y condenado a 13 años de prisión, el pasado 22 de abril.
Adina Días y Celis Chipiaje tenían 18 y 28 años de edad, respectivamente, cuando fueron agredidas por el efectivo militar. Pese a que había altas posibilidades de que no fuera debidamente acogida su denuncia por las relaciones asimétricas de poder, ellas no se amilanaron e hicieron público lo que les pasó y se atrevieron a llevar adelante la denuncia ante las autoridades.
“Decidimos romper el silencio y solicitar públicamente que se castigue a ese hombre por lo que le hizo a mi hija”
Eleodoro Díaz, padre de Adina Días
“Decidimos romper el silencio y solicitar públicamente que se castigue a ese hombre por lo que le hizo a mi hija”, expresó Eleodoro Díaz, padre de una de las jóvenes agredidas, durante un proceso judicial caracterizado por las dilaciones, cambios de jueces, ausencia de traductores y, en contraposición, por manifestaciones públicas del pueblo jivi en apoyo a las víctimas.
Es bien sabido que los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana viven en condiciones realmente difíciles. Han sido históricamente discriminados, marginados y excluidos. Aunque sus derechos son reconocidos en el marco legal, éstos son vulnerados sistemáticamente y, de manera constante, están amenazados por la violencia que se desprende de las actividades ilegales en torno a acciones extractivas como la minería. En este contexto, las probabilidades de que sus habitantes sufran violencia y quede impune aumenta y, gran parte de ella, se expresa como violencia contra las mujeres indígenas.
La sentencia a favor de Adina Días y Celis Chipiaje sienta un precedente importante y representa un logro ejemplar, tanto para los pueblos indígenas como para sus organizaciones, en la exigencia de justicia. “La espera de dos años valió la pena, ya que ahora este militar fue sentenciado a 13 años. Agradezco a ORPIA y al ministerio de la mujer por su apoyo y no dejarnos solos”.
“La espera de dos años valió la pena, ya que ahora este militar fue sentenciado a 13 años. Agradezco a ORPIA y al ministerio de la mujer por su apoyo y no dejarnos solos”.
Eleodoro Díaz, padre de Adina Días
Cambios positivos
Muchos de estos cambios positivos son impulsados por iniciativas organizadas de mujeres indígenas a escala local, nacional, regional e incluso global, valiéndose de los recursos y experiencias con actores claves y organizaciones que, como Wataniba, apoyan y dan seguimiento a situaciones de vulneración de derechos. Tal es el caso de Amelia Conde y Claudia Álvarez, un ejemplo de lideresas indígenas venezolanas de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas (ORPIA), quienes extendieron su apoyo a las víctimas sumándose de inmediato a la lucha contra la vulneración de los derechos de ambas mujeres y las acompañaron a lo largo de todo el proceso.
En este sentido, Eligio DaCosta, Coordinador General de ORPIA señaló que “debemos velar por el respeto de los derechos de los pueblos y garantizar que se haga justicia ante cualquier hecho que lo amerite, en unidad con todos los pueblos indígenas y sus organizaciones de base”.
Este caso muestra como todos unidos, en torno al objetivo de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y las mujeres indígenas en todos los ámbitos, podemos lograr cambios.
Pese a las demoras y las fallas inherentes a los debidos procesos interculturales por tratarse de víctimas indígenas, en Wataniba aplaudimos el fallo pronunciado por el tribunal venezolano y celebramos una nueva victoria de los pueblos indígenas de la Amazonia en su lucha por la justicia y la igualdad.
