El pasado domingo 11 de mayo: la pandemia del Covid-19 se acercó a los pueblos originarios en la Amazonía venezolana, al entrar a dos municipios de población mayormente indígena: Río Negro, en el estado Amazonas, y Gran Sabana, en el estado Bolívar.
Una familia indígena, del pueblo Yeral, que se movilizó de San Gabriel de Cachoeira (Brasil) hasta San Carlos de Río Negro, donde viven, serían los primeros casos indígenas de la región amazónica venezolana. A esto se suma que el día 13 de mayo, se supo de un primer caso en el estado Delta Amacuro, el tercer estado que compone la Amazonía venezolana.
Desde el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), hemos alertado sobre esta situación, ya que se convierte en un factor importante de contagio. La alta movilidad existente entre el municipio Rio Negro y San Gabriel de Cachoeira es un motivo de preocupación. Esta ciudad que se declaró en emergencia sanitaria desde hace una semana, debido al colapso del centro hospitalario de la localidad.
Es por esto que, los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de Venezuela están preocupados ante la posibilidad de la entrada de personas que puedan estar contagiados por los múltiples pasos no vigilados existentes en toda esa amplia margen fronteriza entre Venezuela, Brasil y Colombia. En esas circunstancias las personas no serán objeto de control epidemiológico y esto puede conducir a una avalancha de fallecimientos que podrían traducirse en un etnocidio.
En este sentido, José Gregorio Díaz Mirabal, actual responsable de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), señala la necesidad de que los gobiernos de Colombia, Venezuela y Brasil actúen urgentemente en coordinación con las organizaciones indígenas, autoridades tradicionales e instituciones aliadas para frenar la expansión del virus. Por eso es necesario activar un llamado a los gobiernos nacionales, los ministerios de salud, de defensa y organizaciones internacionales de derechos humanos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para definitivamente visibilizar lo que está ocurriendo en las fronteras de la región amazónica, así como los graves riesgos para la vida de los pueblos originarios.
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