Aunque un favorable marco legislativo y una serie de acuerdos y convenios suscritos establecen que los pueblos indígenas de Venezuela tienen derecho a un Consentimiento Libre, Previo e Informado, hay una brecha que zanjar entre la norma y la realidad. El tema, abordado en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en su vigésimo primer periodo de sesiones, evidencia una situación que se repite en todas las latitudes. Actores clave de la Amazonía venezolana, tuvieron un rol protagónico en este necesario encuentro.
Entre pronunciamientos, exigencias, discursos y denuncias transcurrieron los diez días del 21er. periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Entre el 25 de abril y el 6 de mayo pasados, los delegados de los pueblos indígenas del mundo entero se dieron cita en Nueva York para exponer sus posiciones sobre un tema que, en Wataniba, hemos abordado con insistencia anteriormente: “Pueblos indígenas, empresas, autonomía y los principios de derechos humanos asociados a la diligencia debida, incluido el consentimiento libre, previo e informado”.
Reconocer un derecho no es lo mismo que aplicarlo
Delegados de Australia, México, Kenia, Parlamentos Sámi de Noruega y de Finlandia, Perú, Nepal, Siberia del Norte, Guyana, Burundi, Sudáfrica, Congreso Nacional de Indios Americanos, Chad, Hawái, Noreste de India, Paraguay, Indonesia, la Asamblea de las Primeras Naciones en Canadá y Venezuela dieron, cada uno, tres minutos de testimonio para decir, efectivamente, lo mismo: los territorios indígenas están siendo tomados sin consentimiento libre, previo e informado. Los proyectos extractivos causan un daño irreparable a las culturas, los idiomas y las vidas indígenas, dijeron los oradores al Foro Permanente.
En las palabras de apertura, su presidente Darío José Mejía Montalvo, primer colombiano en ocupar este cargo, dijo que “el tema de 2022 toca las cosmovisiones a través de las cuales los pueblos indígenas han desarrollado sus sistemas de alimentación, cultura y convivencia con la naturaleza en sus territorios”.
Y agregó que “si bien los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la tierra, los recursos y, lo que es más importante, el consentimiento libre, previo e informado están garantizados por las normas internacionales, estos derechos a menudo no se aplican, incluso en países donde están legalmente reconocidos”. A cambio, se violan de forma rutinaria en la concesión de contratos madereros, mineros y de mega represas.
Acuerdo de Escazú: ¿Por qué no?
De Indonesia a Finlandia, de Nepal a la India, de Amazonia a Sudáfrica, la situación de los pueblos indígenas en relación con el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado es la misma y no es muy alentadora.
Durante el diálogo regional de pueblos indígenas de Centro, Sudamérica y el Caribe en el Foro Permanente, los representantes urgieron a los Estados a no sólo implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sino también el Acuerdo de Escazú, un acuerdo al que Venezuela aún no se adhiere.
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y agrega la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, para contribuir a la protección del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Siendo el tratado de carácter vinculante, supone que, si el Estado firma, adquiere una obligación legal con los postulados acordados y se establecerían como derechos el acceso de la ciudadanía a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
El acuerdo Escazú representa una herramienta significativa en la participación y en la toma de decisiones que afectan el medioambiente. Lo que significa que las personas podrían incidir con mayor contundencia en el desarrollo de proyectos con impactos socioambientales, sean de carácter nacional o que vinculen a la región.
Para los pueblos indígenas, históricamente discriminados en la toma de decisiones en asuntos medioambientales, este acuerdo representa un importante sustento legal del cual podrían beneficiarse. Ya que, además de reforzar el derecho a la participación y consulta, instaría al Estado venezolano a cumplir de manera efectiva sus derechos colectivos.
El Foro no lo es todo
En torno al Foro Permanente la actividad en los medios digitales fue incesante. Una extensa agenda de eventos paralelos en modo híbrido, presencial y virtual, se desarrollaba al mismo tiempo con representantes indígenas, oradores, especialistas y organizaciones como Land Is Life, GTI-PIACI, COICA y Wataniba, entre muchas otras.
Así como en el Foro Permanente, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) fue el tema en común abordado en estos eventos. El CLPI se instituyó como una norma de Derechos Humanos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y tiene como precedente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por 24 Estados, entre éstos Venezuela.
Pero hay un brecha entre la legislación y lo que de facto ocurre. Ante la escasa atención brindada por los Estados en relación con la generación de mecanismos para hacer efectivo el derecho al CLPI desde el marco de la libre determinación, muchos pueblos indígenas han venido desarrollando iniciativas autónomas para la promoción de sus derechos.
Una iniciativa clave
En este sentido, cobra importancia la participación de la venezolana Amelia Conde, vice coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y coordinadora de OMIDA (Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas), en el evento “Protocolos Autónomos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): una herramienta alternativa hacia la regulación de las comunidades indígenas”, preparado por Land Is Life en colaboración con Wataniba.
La lideresa del pueblo Uwottüja de la Amazonia de Venezuela dejó en claro no solo la ausencia de protocolos CPLI por parte del Estado, también evidenció la desinformación y desconocimiento del tema por parte de las autoridades competentes.
“El marco jurídico venezolano reconoce las consultas a través de diferentes vías nacionales e internacionales, el problema es que no se han materializado nuestros derechos”, señaló en la transmisión del evento, agregando que “hay muchos proyectos que se hacen desde las instituciones (del Estado) que no son consultados y llegan a las comunidades con los proyectos ya elaborados y no debe ser así;primero se debe aplicar el protocolo, pero hay mucho desconocimiento del gobierno en los procesos de consulta”.
El proyecto Arco Minero del Orinoco es quizás el ejemplo mas resaltante de lo expuesto por Conde, el cual no fue consultado previamente con las comunidades indígenas del estado Bolívar y “hoy en día es un desastre, no se consultó y ahora la contaminación es grande”, enfatizó.
La iniciativa del pueblo Uwottüja de Venezuela sienta un precedente de gran importancia al constituirse en el primer esfuerzo del país a manos de una organización no gubernamental, en desarrollar un modelo de consulta libre, previa e informada.
A través de un proceso de construcción participativa, el pueblo de Autana sistematizó un protocolo con los lineamientos específicos para la realización de consultas, basándose en el sistema tradicional de vida de los Uwottüja, ciñéndose a sus usos y costumbres y respetando las instituciones de gobierno propio.
Al respecto, la Directora Ejecutiva de Wataniba, María Teresa Quispe, quien era la moderadora del evento, señaló las dificultades en la implementación del protocolo por las causas derivadas de la crisis por la que atraviesa Venezuela que, más allá de la pandemia, se extiende a la escasez de combustible que vive el país petrolero.
“El tema del combustible en Venezuela es un problema muy difícil de solventar para las comunidades indígenas, deben moverse por río distancias enormes. Son muy diferentes las condiciones en las que los pueblos indígenas se proponen llevar adelante un derecho que les corresponde, por derecho originario, a lo que va a hacerse en sus territorios”.
Hasta el próximo año
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas cerró su vigésimo primer período de sesiones aprobando una serie de recomendaciones relacionadas con su tema: “Los pueblos indígenas, las empresas, la autonomía y los principios de derechos humanos de la debida diligencia, incluido el consentimiento libre, previo e informado”; así como tres proyectos de decisión que se enviarán al Consejo Económico y Social para su adopción formal.
En las palabras de clausura, el presidente Darío José Mejía Montalvo, señaló que todavía no existe una comprensión integral de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de que los gobiernos conocen las amenazas a su soberanía, continúan otorgando acceso a empresas extractivas sin su consentimiento.
Si bien el Foro valora la determinación de algunos gobiernos de garantizar que estos temas se discutan en las Naciones Unidas, “sería mejor que las empresas dejaran de intentar apoderarse de nuestra tierra”, concluyó.
