Hoy, 22 de abril, Día de la Tierra, entra en vigor el Acuerdo de Escazú, el primero entre los países de América Latina y el Caribe para la protección del ambiente. Fue desarrollado por expertos en derechos humanos y legislación ambiental, y acordado por y para la región. El acuerdo sienta las bases para avanzar mancomunadamente en la política de los Estados frente al cambio climático y la protección de los derechos de los defensores del ambiente.
En 2018, los países de América Latina y el Caribe tuvieron la oportunidad de firmar y ratificar el primer acuerdo ambiental adoptado por la región. El Acuerdo de Escazú, derivado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD) Rio+20 realizada en 2012, nació por la necesidad de atender la crisis climática a partir de la protección de los derechos ambientales.
El acuerdo obliga a los Estados que lo subscriben a garantizar derechos como el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos de este ámbito a partir de la creación de políticas comunes. Enfatiza la importancia de la participación pública y es el primer tratado internacional que incluye la necesidad proteger a los defensores del ambiente, con lo cual se procura garantizar un entorno seguro para los individuos, los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos ambientales en una de las regiones más afectadas en este sentido, lo que supone riesgos claros para su seguridad.
A pesar del carácter novedoso del Acuerdo y de ser un ejemplo del compromiso de la región por un desarrollo más justo, sostenible y participativo, el camino hacia su implementación ha sido demorado y ha enfrentado una serie de obstáculos. De los treinta y tres países que conforman la región, fue firmado por veinte y cuatro en el 2018 –luego de más de cuatro años de negociaciones– y ratificado por once (el número mínimo para poder entrar en vigor).
Venezuela, junto a Chile, El Salvador, Cuba, Honduras, Bahamas, Barbados, Dominica, Surinam, Trinidad y Tobago se suma a la lista de los países que no han firmado ni ratificado el Acuerdo. Salvo Chile, que ha explicado las razones por la que no se adhiere al Acuerdo, Venezuela y los demás países han asumido una postura distante, que parece preferir dejar en el olvido la oportunidad de ser parte de un proceso único y de vanguardia para la protección del ambiente y la toma de medidas necesarias para la construcción de políticas ambientales más justas y sostenibles.
Venezuela es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, aporta el 9% de la biodiversidad del planeta. La Amazonía venezolana –conformada por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro– contiene parte de esta riqueza biológica y su conservación es de gran importancia para la acción climática global y regional, así como para la supervivencia de los pueblos indígenas que habitan el territorio amazónico. Sin embargo, en la actualidad, nuestra región amazónica enfrenta crecientes presiones y amenazas que han resultado en la pérdida de importantes extensiones del bosque tropical y de la selva debido a la deforestación y degradación. También ha habido un incremento en la emisión de gases del efecto invernadero y de la contaminación de suelos, sistemas acuáticos y de especies de flora y fauna. La minería legal, así como la ilegal y las prácticas agropecuarias que se llevan a cabo en la región son los principales responsables de estos daños ambientales.
Al mismo tiempo, las actividades de minería ilegal han supuesto la entrada de actores externos armados al territorio amazónico y esto ha detonado expresiones de violencia cada vez mayores. Igualmente, las violaciones a los derechos humanos se han tornado más frecuentes, producto de intentos de grupos armados al margen de la ley por controlar los territorios y sus recursos. Todo ello afecta gravemente la seguridad, la integridad y la salud de los pueblos indígenas que habitan la región.
Es fundamental que Venezuela firme y ratifique el Acuerdo por muchas razones. A pesar de que el Estado venezolano tiene como mandato constitucional la protección del ambiente, “la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”[1], el país carece de una política ambiental transparente para atender las presiones y amenazas que afectan a los distintos ecosistemas del país. En este sentido, el Acuerdo de Escazú representaría un marco normativo de crucial importancia en el contexto nacional, que actualmente es de negligencia y desatención ambiental. Suscribiéndose a este Acuerdo, el Estado venezolano adquiriría una obligación legal con los postulados consensuados por los diferentes países de la región, ya que el tratado es de carácter vinculante. Esto representaría un paso adelante en la apertura de espacios de discusión pública y de participación ciudadana para la formulación de políticas afines que promuevan la protección del territorio e incidan sobre las diferentes presiones y amenazas que ponen en riesgo la preservación de la región.
En el caso de la Amazonía nacional, la suscripción a este Acuerdo brindaría, además, un espacio de vital importancia para garantizar el resguardo y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales; los posicionaría como actores claves para la preservación de sus territorios. El Acuerdo refuerza los derechos a la participación y la consulta previa libre e informada –ambos previstos en la constitución nacional– y podría servir como un medio para convocar a las autoridades a respetar de manera efectiva y transparente los derechos colectivos.
Venezuela y la región demandan fuertemente un cambio que asegure instituciones públicas más fuertes, sistemas de información socioambiental mejor integrados y una implementación efectiva de los mecanismos de participación para la toma de decisiones sobre asuntos en el área. El Acuerdo de Escazú supone una base sólida para impulsar estos cambios y generar situaciones en las que las voces de aquellos que trabajan por la preservación de nuestros territorios puedan ser escuchadas. Contar con un marco legal de este alcance no será suficiente sin el compromiso de quienes toman las decisiones en torno a la protección del ambiente y el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. En este Día de la Tierra celebramos este Acuerdo y les invitamos a reflexionar sobre las posibilidades que este abre y sobre otras formas de incidir en las políticas sobre los derechos ambientales.
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[1] https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/09/7844/que-es-y-por-que-venezuela-deberia-firmar-el-acuerdo-de-escazu
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