El pasado 22 de diciembre de 2020, el gobierno de Nicolás Maduro publicó en Gaceta oficial, número 42.032, el decreto 4.392[1] el cual contempla la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef), junto con la puesta en marcha de la empresa militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn) y el Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos, todos con el fin de favorecer actividades productivas allí. La Zona Económica Militar Especial estará ubicada entre el Municipio Sifontes, en el Estado Bolívar, y el Municipio Antonio Díaz, en el Delta Amacuro; un municipio con una alta proporción de población indígena, específicamente del pueblo Warao. Esto amplía el poder de las Fuerzas Armadas sobre asuntos ajenos a su competencia, otorgando la posibilidad de simplificar los procedimientos y eliminando decretos vinculados con la permisología para el desarrollo de actividades susceptibles a degradar el ambiente, sobre la base de que generan trámites burocráticos.
Entre las funciones de Emasproforn se encuentra encargarse de ello. Por su parte, el Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales tendrá como objetivo velar por el ambiente incluyendo el aprovechamiento de los recursos forestales, resguardo de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, agua y demás espacios bajo custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según los artículos del decreto, se puede entender que este servicio, tiene amplias facultades para el manejo de la zona especial en todos los ámbitos ligados a la explotación de los recursos naturales que se encuentren en el espacio geográfico establecido. Esto despierta suspicacia sobre cómo se entrecruzarán y solaparán sus funciones con competencias que en principio le atañen al Ministerio de Ecosocialismo. Esta superposición y libertades para actuar casi sin regulación externa puede conducir fácilmente a que se desconozca el proceso de consulta previa, libre e informada que ameritan estos territorios protegidos. La Zona Especial toca el territorio ancestral Warao, un pueblo que ha venido migrando desde hace varios años hacia Brasil[2] justamente por los cambios que se han ido imponiendo en la región. Cabe preguntarse, cómo este cambio en las políticas públicas afectará aspectos de su vida cotidiana y, en particular, si hará que su migración se siga pronunciado.
Por otra parte, según una nota de prensa del canal de Estado, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) ha suscrito siete alianzas con empresas privadas para la explotación de la Sierra de Imataca, principal reserva forestal del país, territorio que cuenta con tres millones de hectáreas forestales. Así mismo, le ha solicitado a la Procuraduría General de la República la simplificación de procedimientos y eliminación de decretos que relacionados con los permisos de actividades que puedan degradar el ambiente, argumentando que deben ser más expeditos.
Otras de las áreas que se les ha encomendado a los militares ha sido la de hidrocarburos. En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg)[3] que depende del Ministerio de la Defensa. Entre sus principales funciones está: el mantenimiento de pozos petroleros, la reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, además de la exportación, distribución y comercialización de productos químicos para la industria minera, petrolera o petroquímica; esto a pesar de la existencia de la empresa especializada en la materia, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual llegó a ser considerada, en el año 1994, como la segunda empresa petrolera más importante del mundo.
Finalmente queremos llamar la atención sobre las múltiples responsabilidades que se le han asignado a la Fuerza Armada Nacional en los últimos ocho años de gobierno, sin que ellas tengan relación alguna con el campo militar y siendo totalmente ajenas a sus competencias. Estas zonas creadas para “favorecer actividades endógenas, productivas y socioambientales” lejos de cuidar y procurar mejorías a la región, pueden comprometer su protección con la llamada “flexibilización” del proceso de obtención de permisos en un lugar que ya ha sido gravemente impactado por la minería legal e ilegal, quemas forestales y presencia de grupos irregulares armados. Las políticas públicas deberían orientarse a hacer quizás todo lo contrario: imponer más regulaciones o el cumplimiento estricto de las que existen.
[1] http://www.juris-line.com.ve/data/files/5214.pdf
[2] https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-informe-sobre-migracion-indigena-desde-venezuela-brasil
[3] https://www.notilogia.com/2016/02/gaceta-oficial-n-40-845-creacion-de-compania-anonima-militar-de-industrias-mineras-petroliferas-y-de-gas-camimpeg.html
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