El periódico estadounidense New York Times, en su sección de opinión, publicó el pasado 2 de octubre, el artículo “Every Place Under Threat” (Todos los espacios en riesgo) de la periodista Yaryna Serkez. En él, Serkez presenta una lectura de los efectos devastadores de la desforestación, el cambio climático, la minería ilegal y cómo ésta afecta a pueblos indígenas en la región Panamazónica. A través del análisis de diferentes mapas interactivos, se ofrece una descripción sobre la forma en que cada uno de estos problemas se han agudizado en las últimas décadas, lo cual implica una seria amenaza para una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta.
Los mapas temáticos sobre deforestación e incendios fueron realizados a partir de datos proporcionados por la Universidad de Maryland. La información sobre pueblos indígenas y minería ilegal fue suministrada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), un consorcio orientado a la sostenibilidad socioambiental de la Amazonía en la que participan organizaciones no gubernamentales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Wataniba y Provita conforman la representación de Venezuela en esta red.
El mapa de deforestación muestra cómo, entre el 2000 y el 2018, grandes extensiones del bosque han sido taladas para el desarrollo de fincas de cultivo y la construcción de centros urbanos. Parte de los suelos se han erosionado y degradado, con lo cual se han transformado en terrenos secos y arenosos. En Brasil, en la región de Mato Grosso, una gran extensión de bosque fue deforestada para el desarrollo de un complejo agrario sobre la base de la demanda global de carne de res. Su reforestación pudiera tardar hasta unos cincuenta años.
Por otra parte, cada año, durante la estación de sequía, más zonas boscosas son afectadas por incendios propiciados por agricultores. Estos incendios emiten hollín o carbono negro a la atmósfera que comprometen la capacidad del bosque de absorber el dióxido de carbono, lo cual desencadena un peligroso ciclo en los contaminantes que aumentan el calor en la atmosfera y reducen la humedad del aire.
La región también ha sido blanco de la explotación legal e ilegal minera. En los últimos años se han flexibilizado las regulaciones para la explotación y sus efectos resultan demoledores para la Amazonia. Este año, en Brasil, por ejemplo, se propuso legalizar la exploración minera en territorios indígenas. Según datos del artículo, la minería ilegal actualmente afecta al menos 2.300 zonas de la región. En ocasiones, estos centros de explotación son establecidos en zonas protegidas indígenas. Sus efectos no sólo tocan el medio ambiente, sino que trastocan las interacciones sociales: han propiciado un aumento del crimen, la violencia y la importación de nuevas enfermedades a comunidades aisladas. Así mismo, se ha incrementado el envenenamiento por mercurio de los pueblos indígenas, como los Yanomami, por estar expuestos a los residuos del mercurio empleados en la explotación minera. Aun cuando en el mapa se presenta sólo el territorio Yanomami que se encuentra en Brasil, del lado venezolano, en una extensión territorial similar, las comunidades de este pueblo enfrentan amenazas similares.
Una amenaza adicional al territorio son las 100 represas construidas y unas 100 más que se tiene planificado construir a mediano plazo. Por alterar el curso natural de los ríos, ya han ocasionado inundaciones que han desplazado a parte de la población y afectado la fauna y flora.
Los efectos del cambio climático global -bajo un escenario conservador- pudieran redundar en la desaparición de, al menos, un quinto del bosque de la Panamazonía y, de continuar las actividades extractivas para el 2050, el 40% del bosque pudiera desaparecer.
Para leer el artículo completo visita el New York Times
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