WATANIBA

Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía

Wataniba participa en el Foro “Venezuela en la encrucijada ambiental”

1,9 millones de hectáreas de bosques se han perdido entre 2001 y 2018.

El dato lo ofreció la investigadora Tina Oliveira, del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, durante el foro «Venezuela en la encrucijada ambiental», organizado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Representantes de distintas organizaciones alertaron sobre la crítica situación que vive el país en materia ecológica.

 

Caracas, 30 de Julio de 2019

Crónica Uno

En Venezuela hay una crisis ecológica. Así lo expresaron expertos durante la mañana de este martes 30 de julio en el foro «Venezuela en la Encrucijada Ambiental». En este espacio, la investigadora Tina Oliveira, del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, informó que 1,9 millones de hectáreas de bosques se han perdido entre 2001 y 2018.

Esta cantidad de hectáreas representa 3,4 % de los bosques de la Amazonía, y da cuenta de la creciente pérdida de bosques en la región, entre otras razones, por la práctica de la minería en sus diferentes modalidades.

Oliveira explicó que los estados Amazonas y Delta Amacuro destacan en cuanto al incremento de la deforestación en los últimos seis años. Aun cuando en términos absolutos el estado más afectado es Bolívar, la curva de crecimiento de la problemática en estas dos entidades en el último sexenio es un indicador al que hay que prestar atención.

La investigadora destacó que para el año 1985 existía en el país un 11 % de áreas transformadas, mientras que para el año 2011 el porcentaje era de 20. Un área transformada es aquella que ha sido objeto de acciones desfavorables que dificultan determinar el ecosistema que existió en ella, y, por ende, recuperarlo.

 

La deforestación como indicador

 

La deforestación es un indicador de lo que está pasando en materia ambiental; y parte de ella está vinculada con la minería, explicó la investigadora, pero acotó que hay actividad minera que no está indicada por la deforestación y, sin embargo, avanza incrementando los riesgos de colapso de ecosistemas terrestres.

La extracción de oro en estados como Táchira, Carabobo y Cojedes da cuenta, según explicó, de un retorno de la minería al norte de Venezuela. “Después de 200 años vuelve a ser un tema la explotación de oro en el norte del país”.

Sobre la contaminación por empleo de mercurio en la actividad minera, Oliveira sostuvo que todas las cuencas de la región amazónica venezolana tienen valores de mercurio por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Alertó que el envenenamiento por mercurio puede confundirse con cuadros gripales o con afecciones renales, entre otras enfermedades.

Hay especies de peces en comunidades de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro que tienen un porcentaje de mercurio superior al aceptado por la OMS. Ya en comunidades indígenas hay reportes de niños nacidos con deformaciones, dijo.

Una lucha contra el extractivismo en la Sierra de Perijá

 

Juan Carlos La Rosa, de la organización intercultural indígena Wainjiriwa, destacó la lucha que han desarrollado en contra del extractivismo en la Sierra de Perijá.

Explicó que en la zona existe una corporativización de las fuerzas militares y policiales, y que los negocios y los crímenes están motivados por la administración y posesión de la renta. Existe, según La Rosa, una hibridación abierta con el crimen organizado que ha permitido la instalación del “orden del miedo”.

A su juicio, “la emergencia no da posibilidad a soluciones parciales. No se trata de un decreto de protección de una zona, sino de que la comunidad tome el control”.

Explicó que soluciones propuestas desde fuera si bien pueden ser buenas para otros contextos, también corren el riesgo de complicar más la situación local. Por ejemplo, un parque eólico puede ser una tecnología que funcione en Inglaterra, pero no necesariamente en comunidades de la sierra. La aprobación de eso lo que hace es fortalecer unas dinámicas de corrupción mientras la comunidad continúa con el problema. “La tecnología tiene que estar a una escala en la que pueda ser controlada por la comunidad”.

 

El modelo venezolano desmontó el sistema de protección ambiental

 

Para Claudia Rodríguez Gilly, de Amigransa, en los últimos 20 años “hemos experimentado un modelo político y de desarrollo depredador del sentido de la vida. Lo ambiental fue sacrificado. Se desmontó el sistema de protección ambiental. El Ministerio del Ambiente desapareció”.

Hemos perdido soberanía y control territorial. Veníamos gestando una sensibilidad y una conciencia ética sobre el ambiente. Había posibilidad de regular la acción del Gobierno por la vía de la movilización, había canales de comunicación con el Estado que permitían la incidencia. Se perdió esa institucionalidad y la posibilidad de incidencia hoy es nula.

 

Rodríguez considera necesario motivar la reorganización del movimiento ambiental e indígena y definir estrategias para documentar la situación ecológica y disponer así de una estadística seria; recuperar el derecho a la protesta pacífica y definir una agenda de movilizaciones y acciones de calle.

Además de construir una retórica y una narrativa que desmonte el valor positivo que el Estado le ha dado a la actividad extractivista, Rodríguez considera necesario exigir que cualquier plan alternativo a este gobierno incorpore prioritariamente la perspectiva ambiental.

 

Visualizar un horizonte postrentista y postextractivista

 

Francisco Javier Velasco, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV), dice que además de una transición política urge una transición ecológica que permita enfrentar las amenazas globales y locales producto de un modelo civilizatorio que se agotó basado en el rentismo y el extractivismo.

En lo inmediato, el profesor Velasco ve como necesario, entre otras acciones:

  • Derogar el decreto de creación de la Zona Especial de Desarrollo Arco Minero del Orinoco.
  • Poner en marcha un plan de reconversión laboral para las zonas mineras; un plan interdisciplinario para abordar el problema de los pasivo ambientales de la industria petrolera y minera; un plan de regeneración masiva de áreas y ecosistemas deteriorados y un plan nacional de reforestación y revegetación con especies nativas propias de los ecosistemas locales.

Las acciones que se han de ejecutar en materia ambiental en Venezuela —explicó Velasco— no deben entenderse como acciones ejecutables solo por el Estado. “Hay que independizarse del Estado para avanzar y visualizar un horizonte postrentista y postextractivista”.

 

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