El 23 de junio de 1993 en Haximú, estado Amazonas de Venezuela, mineros ilegales de nacionalidad brasileña mataron a 16 indígenas. Cuatro murieron en una emboscada, los otros 12 fueron asesinados unos días después; entre ellos, ancianos, mujeres y niños. 29 años después del trágico episodio hoy conocido como la Masacre de Haximú, la Policía Federal de Brasil detuvo a uno de los responsables.
Recientemente la Policía Federal de Brasil arrestó a Eliézio Monteiro Neri, de 62 años, una de las cinco personas condenadas a 20 años de prisión por el crimen de genocidio por la Masacre de Haximú.
El prófugo detenido el 5 de mayo en un supermercado de Boa Vista, estado de Roraima, fue abordado y enviado al sistema penitenciario por las autoridades, quienes, tras recibir información de que el prófugo llegaría por la terminal de autobuses de esta ciudad, solicitaron el apoyo de la Policía Militar para su captura.
En su momento, las autoridades de ambos países se abocaron a las indagaciones por la masacre. En Brasil las investigaciones avanzaron y 22 personas fueron señaladas como responsables de los hechos, pero sólo cinco identificadas, el resto permanece en el anonimato.
Según la indagatoria hecha en Brasil en su momento “aunque los hombres de la comunidad temían ser atacados, no se preocuparon en dejar solas a las mujeres y los niños, porque éstos nunca son atacados por sus enemigos. Imaginaron que ocurriría lo mismo, aunque, esta vez, los enemigos fueran los garimpeiros”.
La Fiscalía del Ministerio Público Federal interpuso la denuncia por los delitos de genocidio, asociación para el genocidio, minería ilegal, contrabando, ocultamiento de cadáver, delito de daño y conspiración para delinquir.
“aunque los hombres de la comunidad temían ser atacados, no se preocuparon en dejar solas a las mujeres y los niños, porque éstos nunca son atacados por sus enemigos. Imaginaron que ocurriría lo mismo, aunque, esta vez, los enemigos fueran los garimpeiros”.
El crimen fue a juicio el 19 de diciembre de 1996 y, tras un largo y controvertido proceso judicial, la justicia del vecino país finalmente condenó a cinco personas a 20 años de cárcel.
En Venezuela no hubo mayores avances.
Sensibilizados ante la Masacre de Haximú que ocurrió en territorio venezolano, un grupo de personas y organizaciones de la sociedad civil iniciaron sus propias investigaciones y recopilaron la información necesaria para exigir justicia.
El 6 de diciembre de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (PROVEA), acompañadas por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch, argumentaron el conocimiento del Estado sobre la situación de vulnerabilidad del Pueblo Yanomami a causa de la actividad ilegal de minería en la zona.
Además, expusieron que el Estado venezolano era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la propiedad privada, la circulación y residencia, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8, 21, 22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tras un largo y conflictivo proceso de diálogo con autoridades del gobierno de Rafael Caldera y, posteriormente, con el de Hugo Chávez, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como mediadora, el 10 de octubre de 1999 se suscribió un acuerdo amistoso que incluye seis compromisos del Estado venezolano en favor del Pueblo yanomami y otros pueblos indígenas, conocido como el Acuerdo de Haximú.
La firma de este acuerdo dio origen al Plan de Salud Yanomami. Implementado con éxito entre el 2012 y el 2015, tenía como objetivo garantizar el derecho a la salud del indígena, basándose en el diálogo y las prácticas interculturales. Su abandono, deja muestra de la dificultad del Estado venezolano de sostener los acuerdos suscritos en la materia.
Hoy, los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas de Venezuela son aún mayores que en 1993.
