Desde hace por lo menos dos años habitantes de La Esmeralda y comunidades vecinas han venido alertando sobre la minería que ilegalmente se ha instalado en el Parque Nacional Duida-Marawaca, al norte de la capital del municipio Alto Orinoco. Las denuncias son numerosas, pero la respuesta y el apoyo de las autoridades se hace esperar.
Son numerosas las denuncias y los llamados que organizaciones y líderes indígenas del pueblo ye’kwana han elevado a diferentes instancias del Estado venezolano con el fin de detener la minería ilegal de oro que, actualmente y con “máquinas chupadoras”, se desarrolla en el sector de caño Iguapo, al norte de la capital del municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.
“Lamentablemente parece que no existiera la ley”, declaró Samuel Miranda, miembro del Consejo de Ancianos de la organización Kuyujani, el pasado 8 de mayo, cuando en compañía de representantes del pueblo ye’kwana y del legislador jivi Daniel Guevara, del Consejo Legislativo del Estado Indígena de Amazonas (CLEIA), denunciaba públicamente, vía Waka Noticias, la presencia de mineros ilegales en la zona. “Nosotros lo estamos viviendo, especialmente en La Esmeralda”.
Señales de alerta
Desde hace por lo menos dos años, los habitantes de La Esmeralda han venido alertando sobre la destrucción que, a manos de personas ajenas a la comunidad y en complicidad con algunos pocos habitantes de la localidad, se lleva a cabo en una zona que, además de ser territorio ye’kwana, está protegida bajo la figura de Parque Nacional desde 1978 y pertenece a la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare desde el 5 de junio de 1991.
“Es un problema, una destrucción de la naturaleza y eso es lo que no queremos que suceda, específicamente, en lo que es el Parque Nacional Duida-Marawaca”, expresó, por su parte, Antonio José Miranda Guerra, vocero principal del Consejo Comunal Cacique Dhena de La Esmeralda.
De izquierda a derecha: Damián Wilfredo Chamanare Blanco, Samuel Miranda, Antonio José Miranda Guerra, Daniel Guevara
La minería ilegal en el Alto Orinoco, que afirman los líderes indígenas se practica en caño Iguapo, supone la tala masiva de árboles y el bombeo de agua a presión hasta dejar la tierra desnuda. Para obtener tan solo un par de gramos de oro, es necesario mover, romper y tamizar enormes cantidades de rocas, no es raro que se obtengan sólo uno o dos gramos por tonelada.
Por otra parte, las aguas residuales, altamente tóxicas para las poblaciones humanas y el medio ambiente, quedan depositadas en los característicos ‘pozos de saque’, rodeados de cúmulos de tierra deforestada. El mercurio utilizado en el proceso puede ser arrastrado por las lluvias hasta llegar a los cuerpos de agua, o bien, vertido directamente en los ríos. Algunas mediciones realizadas en zonas mineras han detectado altos niveles de mercurio en múltiples especies acuáticas, así como en comunidades indígenas que viven aguas abajo de las localidades donde se practica la minería.
Ante esta grave y reiterada situación por la que atraviesa el municipio Alto Orinoco, el primero de enero de este año las autoridades legítimas de La Esmeralda y la organización indígena ye’kwana Kuyujani, en conjunto y con el apoyo de la mayoría de sus habitantes y comunidades vecinas, decidieron emitir un pronunciamiento: operación cero máquinas.
Cero máquinas
Para el diputado Daniel Guevara “la situación es extremadamente delicada en todo el estado Amazonas, pero en el Alto Orinoco la situación está por los cuatro costados, prácticamente atosigado por la minería”.
Debido a la complejidad de las operaciones y de los procesos que caracterizan al sector minero, las bombas de dragado, también conocidas como máquinas chupadoras, son un elemento importante de la actividad extractiva. Su uso, extendido en distintos sectores del estado, requiere de una logística considerable y una inversión económica que, tan solo para un equipo de minería de oro de pequeña escala, puede oscilar entre los tres mil y cinco mil dólares; nada de lo cual los habitantes del municipio amazónico están en capacidad de asumir.
Motivado a ello y en defensa de su territorio ancestral y sus derechos humanos, tras un largo debate, el apoyo de la mayoría de las comunidades y apelando al amplio marco legislativo nacional y los convenios y tratados internacionales suscritos por Venezuela ante Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, las autoridades legítimas de La Esmeralda y la organización indígena Kuyujani aspiran ejecutar lo que han llamado “políticas de defensa territorial en el territorio ancestral ye’kwana”, con el fin de detener, o por los menos aminorar, el impacto socioambiental que está ocasionando la minería ilegal en el Alto Orinoco.
Las medidas tienen por objeto detener, o por lo menos aminorar, el impacto ambiental, la descomposición social y los conflictos armados que consigo arrastra la minería de oro. Entre otras, el comunicado emitido por las autoridades indígenas señala que “se suprimirá la entrada o el ingreso a la población de La Esmeralda (…) a personal foráneo que no indique con claridad su procedencia o se acojan a declaraciones falsas y con objetivos de realizar actividades ilícitas dentro de la zona de la jurisdicción del Alto Orinoco”.
Es de esperar, se afirma en el documento, que las autoridades nacionales competentes se unan a un esfuerzo conjunto y cooperativo para “operar de manera permanente los dispositivos de seguridad territorial en líneas estratégicas de articulación con la organización Kuyujani y la FANB, así como las tareas de salvaguarda operacional con las instituciones civiles”, en aras de la protección del parque nacional, la reserva de biósfera y los derechos humanos del pueblo ye’kwana.
No obstante, la respuesta de las autoridades se ha hecho esperar, no así las amenazas de grupos delictivos y cómplices de la minería ilegal hacia los líderes indígenas.
Unidos contra la minería ilegal en el Alto Orinoco
La noche del lunes 3 de abril de 2023, cuando arribaban al área del puerto ye’kwana en el río Orinoco los líderes indígenas que, con el apoyo de la mayoría de la población de La Esmeralda y comunidades aledañas emprendieron acciones para detener la minería con máquinas en caño Iguapo, fueron recibidos con disparos.
Un grupo de residentes y personas ajenas a la zona “arremetieron con golpes y violencia en contra de Damian Chamanare, capitán y autoridad tradicional de La Esmeralda” y el profesor Roberto Cuiche. Abel González, quien se encontraba con ellos, fue “brutalmente golpeado en la cabeza” mientras la profesora Mirna Velásquez era “apuntada de forma directa con una escopeta”.
No es raro que los mineros lleguen a ‘acuerdos’ con la población afectada mediante amenazas, intimidación, falsas promesas y mentiras. Fuentes cercanas a Wataniba que prefieren mantener el anonimato, señalan que “hay una especie de cooptación hacia los indígenas y sus líderes para usarlos como elementos de reclutamiento y, dada su experticia en el territorio, para las mismas actividades extractivistas”. El amedentramiento a quienes se oponen a la práctica extractiva ilegal en defensa del territorio ancestral es una práctica frecuente entre los grupos que operan al margen de la ley.
Pero lejos de emprender una retirada, la respuesta de los agredidos, en esta oportunidad, no fue otra que fortalecer su posición en contra de la minería con máquinas al introducir la denuncia de lo sucedido ante la Fiscalía Superior del Estado Amazonas el 4 de mayo de 2023. En ésta, además de la petición de apoyo para desalojar a los invasores y sus máquinas, también se suma la solicitud de “medidas de protección” a los ciudadanos amenazados y sus familias.
Ese mismo día, el 4 de mayo, en un segundo oficio, los líderes indígenas nuevamente exhortan y solicitan al General de División José Ramón Maita González, comandante de la ZODI Nro. 63 de Amazonas, a su solidaridad y apoyo “en un “operativo cívico-militar en el caño Iguapo, donde se nos incluya en el mismo y se retiren, destruyan las máquinas allí instaladas y se realicen los procedimientos de ley en contra de estos ciudadanos”.
Y el 16 de mayo, en un tercer oficio, esta vez dirigido al Dr. Raúl Rodríguez, director del Ministerio para el Poder Popular Pueblos Indígenas con sede en Amazonas, solicita “se autorice la operación conjunta (cívico-militar, con la inclusión de líderes yekuanas) para el sector caño Iguapo en el marco del desalojo de las máquinas chupadoras cercana a la población de La Esmeralda y que están destruyendo el área ambiental correspondiente al Parque Nacional Duida-Marawaka y que así mismo corresponde al territorio delimitado de la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare”.
Pero las respuestas, así como el apoyo, continúan haciéndose esperar.
Amparados por las leyes
Económicamente, a menudo las minas son rentables, pero no para los habitantes locales, a quienes rara vez les queda algo de lo extraído por los invasores, no solo extranjeros, también nacionales. Y si a ello añadimos los costos sociales y ambientales, el negocio, además de ser ilegal en Amazonas bajo el decreto Nro. 269 del 9 de junio de 1989, “mediante el cual se prohibe la explotación minera en todo el territorio federal amazonas y se ordena la suspensión inmediata de cualquier actividad minera en ejecución”, es en extremo negativo para las comunidades indígenas.
Esta situación no solo afecta a los indígenas que se han visto forzados a migrar hacia los campamentos mineros como alternativa para acceder a ingresos económicos, sino también a quienes permanecen en las comunidades, donde las dinámicas sociales se ven alteradas, las familias divididas y sus estructuras de gobernanza fragmentadas como consecuencia de opiniones encontradas acerca de la actividad minera.
Para las comunidades ye’kawana que habitan en la zona, la minería ilegal en el Alto Orinoco afecta la capacidad productiva sobre sus tierras, territorios y recursos, así como al derecho a la autonomía y al autogobierno. Por una parte, implica deforestación y contaminación de recursos tan importantes como el agua y el suelo por sustancias tóxicas y residuos del proceso extractivo. Por otra parte, conlleva problemas sociales y divisiones internas causados por conflictos por la tierra y los recursos, así como la violación de los derechos fundamentales.
Tanto las comunidades ye’kwana del Alto Orinoco como la Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare y el Parque Nacional Duida-Marawaca están amparados bajo un extenso marco legal y una serie de tratados y acuerdos internacionales. Pero hacer frente a la minería y la violencia y descomposición social asociada a ella sin el apoyo efectivo de las instituciones y autoridades del Estado, reduce significativamente el poder de las comunidades para contrarrestar las presiones de grupos externos presentes en sus territorios.
La minería ilegal de oro en Venezuela y su acelerado crecimiento ha pasado a ser uno de los principales problemas que afectan a las zonas protegidas y a los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana que, en espera de una respuesta y el apoyo de las autoridades, hacen frente a la minería ilegal en el Alto Orinoco.
