El hermetismo en torno a las conversaciones entre las autoridades del pueblo Yanomami en Parima B y el Estado venezolano por un acuerdo satisfactorio de justicia ha cargado el ambiente de dudas e intrigas que se amplifican por las especulaciones difundidas en redes sociales. Según la información suministrada por los organismos competentes a Wataniba, los indígenas demandan, además de justicia por los fallecidos, el cumplimiento de los derechos pendientes y no resarcidos históricamente por el Estado.
Al calor de los hechos, el Pueblo Yanomami agredido en Parima B el pasado 20 de marzo, exigía se ejerciera la justicia yanomami: “uno por uno” para resarcir los cuatro indígenas fallecidos a manos de efectivos militares venezolanos. Pero ninguna ley está por encima del derecho fundamental a la vida, y la ley yanomami no es la excepción.
Los Yanomami quieren justicia. Están cansados de ser víctimas de la violencia, sea por particulares o representantes del Estado; están cansados de la discriminación, de la invasión a sus territorios y de todas las carencias a las que están sometidos por la ausencia de políticas públicas e infraestructura que garanticen los derechos consagrados en la Carta Magna.
Esta vez, murieron cuatro, pero en el pasado han muerto más que no fueron escuchados. Pareciera que esta ocasión el Pueblo Yanomami está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Consideraron que, de ser necesario, tomarían la base militar y retendrían a los doce efectivos castrenses que allí se encuentraban. Y además limitarían la presencia de representantes del Estado a solo unos pocos que ellos considerarban como interlocutores válidos para la mediación y resolución del conflicto.
La determinación con la que han obrado ha hecho que lo sucedido tenga eco y resuene más allá de su territorio.
¿Qué quieren los Yanomami?
“En una extensión de 100 mil kilómetros cuadrados, entre Venezuela y Brasil, habitan alrededor de 40 mil yanomami que subsisten de las relaciones de intercambio que establecen en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven”, señaló María Teresa Quispe, directora ejecutiva de Wataniba, en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría.
Fue precisamente esta manera de relacionarse la que hizo que los Yanomami consensuaran con los militares el acceso a la señal WiFi y por lo que el incumplimiento del acuerdo generara tal terrible desencuentro. Y fue también gracias a esta forma de supervivencia basada en la negociación como los Yanomami y el Estado, intercambiando demandas por agresores, finalmente parecen haber llegado a un acuerdo. Según fuentes confiables cercanas a Wataniba, los militares fueron liberados y trasladados a Maracay donde se encuentran detenidos bajo la jurisdicción militar.
Ello hace suponer que las demandas del pueblo yanomami fueron, por lo menos, escuchadas. Qué exigen los indígenas y qué está dispuesto a ceder el Estado venezolano aún no está del todo claro. Sin embargo, lo que sí se sabe es que, a sabiendas de que su justicia jamás sería aceptada, los Yanomami se abocaron a exigir, entonces, el cumplimiento de sus derechos pendientes y no resarcidos históricamente por el Estado.
De acuerdo a nuestras fuentes, las autoridades yanomami querían llevar sus demandas al más alto nivel. El acceso a Parima B estuvo restringido solamente a quienes los indígenas permitieron. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Ministra de Poder Popular de los Pueblos Indígenas, ni la comisión designada por el Consejo Legislativo del estado Amazonas ni aquella encabezada por la Fiscal Nacional en Materia Indígena tuvieron acceso a las negociaciones. De hecho, la Fiscal Nacional solo pudo acceder casi una semana después, cuando prácticamente la negociación se había dado y los líderes ya se habían trasladado a Caracas y vuelto al territorio en el Alto Orinoco.
Las mismas fuentes dicen que, al parecer, las demandas indígenas corresponden más a “demandas del mundo occidental” que “aspiran a muchas cosas” y “son bastante fuertes”: servicios públicos, vivienda y subsanación de carencias por falta de políticas públicas en el territorio. Éstas son las aparentes demandas, aunque no han sido confirmadas públicamente.
¿Otro acuerdo?
La solicitud presuntamente hecha por las autoridades yanomami pone en evidencia la incapacidad del Estado en materia indígena. Y en esta ocasión no es la Sociedad Civil quien aboga por la protección de los pueblos indígenas introduciendo medidas cautelares: son las propias comunidades las que están exigiendo el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado.
No es la primera vez que el gobierno venezolano debe sentarse a negociar acuerdos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. El 6 de diciembre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia en contra de Venezuela por el asesinato de dieciséis indígenas Yanomami de la región de Haximú, ocurrido entre los meses de junio y julio de 1993 por no haber impedido de modo efectivo la presencia de garimpeiros en su territorio y por la falta de investigación, procesamiento y sanción de los responsables.
La firma de este acuerdo dio origen al Plan de Salud Yanomami (PSY) implementado con éxito entre el 2012 y el 2015. Su objetivo era garantizar el derecho a la salud del pueblo, basado en el diálogo y las prácticas interculturales. “Algo así debería hacerse ahora”, aseveró María Teresa Quispe, “lo que sucedió es una tragedia producto de la inexistencia de políticas estructurales que, de alguna manera, prevean la relación entre dos culturas”.
Las demandas que hoy presenta el pueblo Yanomami en Parima B no son muy diferentes a las presentadas por organizaciones civiles ante la CIDH en aquel entonces. Por no haber impedido la matanza a manos de garimpeiros, el Estado asumió un compromiso y, pese a que éste fue producto de una sanción internacional, dejó demostrado que sí es posible aplicar con éxito políticas de resguardo y atención a los pueblos vulnerables.
Cabe preguntarse si en esta ocasión el Estado venezolano asumirá los compromisos adquiridos ante el pueblo Yanomami y, aún más, si los logrará mantener en el transcurso del tiempo o si, como ya se ha visto, serán dejados a la deriva, tanto los compromisos como los pueblos indígenas.
Ajustado a derecho
El hecho de que las negociaciones han sido vedadas al público y que los términos de un acuerdo de justicia para los Yanomami no han sido difundidos han generado más suspicacia en el público en relación al paradero del adolescente herido en el enfrentamiento del 20 de marzo.
Tras ser trasladado al hospital de Puerto Ayacucho, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, el joven yanomami fue llevado al Hospital Militar en Caracas esta semana, donde sería intervenido una vez más.
De acuerdo a información recaudada y obtenida de los órganos y entes con competencia en la protección de los niños, niñas y adolescentes, el motivo de este nuevo traslado obedece a la falta de equipos e insumos necesarios para una tercera intervención quirúrgica en la que se retirarán algunas esquirlas del proyectil que aún permanecen en su brazo. Según los informes, se ha obrado bajo el sistema de protección del niño, niña y adolescente municipal y con la tutoría de la Defensoría del Pueblo, tanto en el estado Amazonas como en Caracas. “Todo ha sido ajustado a derecho y ha habido respuesta oportuna por parte del Estado de velar por la integridad personal y derechos humanos de los Yanomami”, aseguran las autoridades.
