Indígena Yanomami sentado sobre roca

Parima B: Un conflicto sin resolver

El hecho ocurrido entre efectivos militares de la base aérea de Parima B y la comunidad yanomami de la zona pone en relieve un problema con raíces profundas. Aunque la señal WiFi haya sido el detonante, no se trata de un hecho aislado. Es el resultado de un cúmulo de tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a los pueblos indígenas que, desde hace décadas, han sido denunciadas por organizaciones indígenas, de derechos humanos, activistas y las propias víctimas.

“Lamentamos lo ocurrido en Parima B”, escribió el gobernador del estado Amazonas de Venezuela en su cuenta de Facebook a primera hora del martes 22 de marzo. “Una verdadera tragedia fue ocasionada por algo que pudiese ser visto como algo irrelevante en cualquier otro lugar. Sin embargo, al no tener la formación necesaria para tratar con culturas ancestrales con cosmovisiones distintas, cualquier funcionario confundido puede generar situaciones dolorosas”.

Comunidad yanomami de la zona de Parima B, Amazonas, Venezuela. Foto: Wataniba
Comunidad yanomami de la zona de Parima B, Amazonas, Venezuela. Foto: Wataniba

La cita es trágica no solo porque habla de algo que pudo ser evitado, sino también por la idea de que cualquiera puede, por ignorancia supina, atentar contra los derechos fundamentales de quienes son diferentes a sí mismo. Las declaraciones del gobernador dejan en evidencia que un estado como Amazonas, donde hay territorio y hábitat indígena, debe tener una administración pública y política y de defensa territorial acordes a los pueblos y comunidades indígenas y su hábitat. Cuando esto no ocurre, cuando no se toman en consideración los derechos indígenas se producen incidentes con seria consecuencias, como el ocurrido en Parima B.

En tal sentido, la situación presentada en la base aérea fronteriza de Parima B el domingo 20 de marzo, no puede verse, ni tratarse, como una situación aislada. Las tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a indígenas de la zona ya han sido denunciadas en otras oportunidades por parte de organizaciones indígenas como ORPIA y OIPUS, organizaciones de la sociedad civil como Wataniba – entre otras – y entes internacionales de Derechos Humanos.

A muchos puede sorprender que un pueblo con características como las del Yanomami, no sólo tengan acceso a celulares, sino que también posea la tecnología necesaria para conectarse en medio de la selva y reclamar su derecho a uso a las autoridades, cuando éste le es suspendido. Esto es parte del desconocimiento que está en la base de los problemas de comunicación, que, como se intuye por los sucesos de los últimos días, va más allá del reclamo del necesario bien que es la señal WiFi. El problema es más complejo.

Minería: Un secreto a voces

La Sierra de Parima forma parte del Parque Nacional Parima–Tapirapecó, cuya extensión alcanza 39 mil kilómetros cuadrados de superficie, la más grande de Venezuela y el quinto en el mundo. Se ubica al extremo sur del municipio Alto Orinoco, el más extenso del Amazonas venezolano, y es la frontera natural entre Venezuela y Brasil a lo largo de sus 320 Km de longitud. En sus montañas nace el río Orinoco: no hay carreteras, ni hospitales, ni otro tipo de infraestructuras.

A lo largo de este territorio vive casi la totalidad de los pueblos Yanomami de Venezuela: 162 comunidades, aproximadamente 15 mil personas. Por más de quinientos años, desde antes de la llegada de los primeros colonizadores, los Yanomami han habitado Parima.

La vida de las comunidades yanomami de la zona es muy diferente a la que solían tener sus ancestros. Hoy deben convivir con la presencia de personas dedicadas a actividades extractivistas al margen de la ley que trasgreden sus territorios, provocan daños al ambiente, generan violencia y fuertes impactos socioculturales.

Efectivos del ejercito venezolano y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), ante un campamento minero clandestino. Foto: Johanna Goncalves | Wataniba
Efectivos del ejercito venezolano y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), ante un campamento minero clandestino. Foto: Johanna Goncalves | Wataniba

La situación fue alertada en 2010 en el informe Aproximación a la Situación de los Pueblos Indígenas Aislados o con Poco Contacto en Venezuela, realizado por Wataniba en cooperación con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés): “En los últimos años y en la actualidad, hay reportes de actividades mineras evidentes en ambos lados de la frontera entre Venezuela y Brasil, específicamente en las áreas cercanas al Alto Siapa, el Cerro Delgado Chalbaud-Parima, el Alto Ocamo-Putaco-Matacuni, en el Estado Amazonas y en el Alto Caura”.

Más recientemente un miembro de una de las comunidades de Parima confirmó a Wataniba, en una entrevista de campo realizada a mediados del año pasado, la presencia de campamentos mineros establecidos abiertamente en territorios indígenas. “Nos sentamos con ellos y ahí hay sólo máquinas funcionando, hay dos máquinas. Yo vi, sentado en la cima con ellos… no llamo a avisar al policía ni guardia nacional que estoy solo y ahí nos sentamos,‘solamente usted puede llegar’, ellos decían”.

Mapa ilustrativo de la minería ilegal en la Amazonia de Venezuela
Mapa de minería ilegal en la Amazonia de Venezuela.
Realizado por RAISG/Wataniba

Asegura que en una oportunidad “mi gente de la comunidad, mi gente de Parima salió para allá… y yo vi allá, ellos sentados, yo parado, trabajan ahí, yo veo, trabajan con máquinas con agua”. Y los yanomami, de cara a los usurpadores, “ustedes no pueden trabajar, tienen que preguntarnos a nosotros, a nuestros chamanes, a nuestros ancianos, no pueden entrar rápido, y tienen que consultar con gente, tienen que consultarlo, y si les dicen que no, no los pueden atropellar”.

La presencia de campamentos mineros en Parima es de conocimiento público, incluso los organismos de seguridad que deberían resguardar el estado de derecho y los hábitats indígenas lo saben. Muchas veces los miembros de las comunidades se han visto obligados a negociar directamente con los invasores de la zona con el fin de establecer los límites. Y con frecuencia, estas negociaciones suelen ser pacíficas “ellos no amenazan, no fastidian a la comunidad, siempre les dan cafecito y bueno…”. Otras veces la amabilidad se extiende a intercambios por comida u obsequios… como celulares.

Acuerdo roto

“Estos muchachos no conocen la cultura yanomami” dijo Gumersindo Castro, Defensor Delegado del Pueblo del estado Amazonas en un programa radial, haciendo alusión a los 17 efectivos militares que desde noviembre pasado custodian la base militar de la aviación en Parima B. Aseguró que “esta base no pertenece a la jurisdicción de Puerto Ayacucho, sino al estado Aragua”, y que anteriormente era ocupada por tropas del ejército.

Vista general de Parima B y base aérea militar
Base aérea de Parima B situada al borde de la frontera sureste con Brasil; estado Amazonas, Venezuela. Foto: Wataniba

Parte del apresto operacional de la base de seguridad fronteriza Parima B lo constituyen sus capacidades de comunicación. Cuenta con paneles solares que generan electricidad para su funcionamiento y el uso de la comunidad, así como una antena que permite una conexión con el resto del mundo.

Por su parte, tiempo atrás, los yanomami habían conseguido que les donaran un router. Así indígenas y uniformados llegaron a un acuerdo: los Yanomami prestaban el router, la base facilitaba la conexión y todos, Yanomami y militares, tenían acceso a internet.
Pero el acuerdo no se sostuvo.

Al parecer el trato se rompió cuando los adscritos a la base fueron relevados y la nueva comisión le negó el restablecimiento del servicio a la comunidad. Ante la negativa, los indígenas exigieron les dieran el aparato.

Choque de culturas

Los Yanomami se caracterizan por ser un pueblo muy social, algunos shabono pueden alojar hasta 400 personas, y suelen mantener contacto con otras comunidades transfronterizas.

Con la llegada de los celulares, los indígenas han encontrado en éstos un puente para la relación entre pueblos. Son un medio para dar respuesta y hacerle frente a la ausencia de servicios públicos, a las amenazas territoriales y ambientales por la actividad extractivista y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Comunidad yanomami de la zona de Parima B, Amazonas, Venezuela. Foto: Wataniba
Comunidad yanomami de la zona de Parima B, Amazonas, Venezuela. Foto: Wataniba

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas menciona en su artículo 30 que “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados o que éstos la hayan solicitado”.

Las palabras del gobernador de Amazonas resaltan la escasa formación del personal militar “para tratar con culturas ancestrales con cosmovisiones distintas”, de lo que se desprende que en una base militar de estas características debería haber, además, un equipo multidisciplinario, sociológico y antropológico, capacitado para el diálogo intercultural y la mediación, que pudiera mantener al margen la intervención castrense.

A través de internet y las redes sociales, organizaciones relacionadas con asuntos indígenas ya han denunciado con anterioridad el abuso y las violaciones a las que son sometidos los indígenas por parte de las fuerzas militares o de orden público. Hace siete años, por ejemplo, Wataniba informó a través de un comunicado público, su repudio ante la presunta muerte de un joven yanomami de 27 años a manos de la policía del estado, en Puerto Ayacucho.

Más recientemente, en Manapiare, los indígenas, cansados de las humillaciones a las que son sometidos en la alcabala de la localidad, encendieron fuego a la churuata del puesto militar.

Diez años después

El terrible incidente del 20 de marzo coincide con el cumplimiento de diez años de un acuerdo suscrito entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo día en 2012, Venezuela se comprometió a garantizar la integridad del pueblo yanomami. Compromiso que surgió en respuesta a la masacre de Haximú ocurrida en 1993: 16 indígenas fueron asesinados por mineros brasileños (caso 11.745 Yanomamis vs. Brasil).

Pocos meses después de la firma de este acuerdo, los Yanomami denunciaron una nueva incursión en territorio venezolano que habría dejado un saldo de 80 indígenas yanomami fallecidos en la comunidad Irotatheri. Tres testigos relataron que, el 5 de julio a las 4:00 de la tarde, un helicóptero disparó e hizo explotar el shabono donde vivían, sólo tres personas sobrevivieron aquel día a la masacre porque salieron de cacería.

Pese a los testimonios de los sobrevivientes de Irotatheri, Nicia Maldonado, la ministra para los Pueblos Indígenas de entonces negó al canal del Estado lo sucedido diciendo que “después de estas visitas que hemos realizado en las comunidades indígenas, podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte o no se encontró evidencia de casa o ‘shabono’ incendiado en estas comunidades señaladas como escenario de este supuesto crimen”.

La investigación se detuvo.

Nadie entra, nadie sale

Comunidad yanomami de la zona de Parima B, Amazonas, Venezuela. Foto: Wataniba
Comunidad Yanomami de Parima B. Foto: Wataniba

El Defensor Delegado del Pueblo del estado Amazonas aseguró que uno de los castrenses que conocía de primera línea la información de lo sucedido “fue el comandante de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral), General de División José Ramón Maita González” quien se trasladó el día lunes 21 a Parima B a verificar la información que le habían reportado.
A su llegada, los cuerpos de los yanomami aún yacían en el suelo y ahí permanecieron durante horas. Los funcionarios militares, en su desconocimiento de las costumbres de este pueblo, impidieron que la gente de la comunidad moviera el cadáver para iniciar los cortejos fúnebres según sus usos y costumbres.

Fue hasta el día siguiente, martes 22, cuando arribó una comisión interinstitucional, integrada por el CICPC, dos fiscales del Ministerio Público, SENAMECF, el General de la base aérea y funcionarios de la alcaldía y del Movimiento Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN), que el pueblo de Parima B pudo llevar a cabo su ritual funerario.

Vía Twitter, Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela informó que habían sido “#DESIGNADOS en Amazonas el Fiscal 91 Nac en materia indigenista y la Fiscal 4 de Derechos Humanos, para #investigar conjuntamente con expertos del #CICPC #denuncia sobre enfrentamiento entre indígenas yanomami y funcionarios militares”.

Ese mismo día en el programa radial Global Noticia de Puerto Ayacucho, un funcionario del Estado aseguraba que dicha comisión “no pudo entrar ni a ver a los militares heridos cuya gravedad se incrementa con las balas en su interior, porque están heridos de bala. Los yanomami tienen cercada la base y no dejan pasar a nadie”.

Yamilet Mirabal De Chirino, Alcaldesa del Municipio Atures, Edo. Amazonas, y coordinadora del Movimiento Indígena de Venezuela (MIUVEN), en negociaciones con el pueblo Yanomami de Parima B tras los hechos en la base militar. Foto: publicada por Yamilet Mirabal
Yamilet Mirabal De Chirino, Alcaldesa del Municipio Atures, Edo. Amazonas, y coordinadora del Movimiento Indígena de Venezuela (MIUVEN), en negociaciones con el pueblo Yanomami de Parima B tras los hechos en la base militar. Foto: publicada por Yamilet Mirabal

De acuerdo con la jurisprudencia que sustenta la Jurisdicción Especial Indígena, los hechos ocurridos en las tierras y hábitats indígenas deben ser resueltos según sus usos y costumbres. “El problema sucedió aquí y aquí se tiene que cerrar el caso” se oye decir a una mujer de la comunidad en un video que circula por redes sociales, “se supone que ustedes nos vienen a cuidar, que ustedes nos protejan ¿que hay de nuestras leyes? La ley dice que el problema que sucede en la tierra de un pueblo yanomami se resuelve en su tierra”.

Especialistas en materia de derechos indígenas afirman que, en este caso, tratándose del derecho humano fundamental como lo es el derecho a la vida, debería haber una mediación para que sea depuesta la justicia yanomami y haya una resolución distinta a sus usos y costumbres, que satisfaga al pueblo Yanomami, pero respetando el Derecho a la Vida de los presuntos infractores señalados de este pueblo originario.

Aún esto no termina

A una semana de la triste noticia de lo ocurrido en Parima B el pasado domingo 20 ha recorrido el mundo. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, indígenas y socioambientales y líderes políticos han hecho eco del repudio ante lo acaecido y exigen justicia. Eligio Dacosta, coordinador general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), demandó una investigación objetiva e imparcial “se debe investigar la debida proporción en el uso de la fuerza pública, si hubo o no uso excesivo de la fuerza pública”.

Comunidad Yanomami de Parima B. Foto: Wataniba
Comunidad Yanomami de Parima B. Foto: Wataniba

La Comisión Nacional designada por el Ministerio Publico permanece en la ciudad de Puerto Ayacucho capital del estado Amazonas. Mientras tanto el pueblo yanomami, alzado, mantiene tomada la base aérea. Aunque aún se desconocen los términos de la negociación, los militares heridos, a quienes los indígenas se negaban a entregar, finalmente fueron trasladados a Puerto Ayacucho para ser atendidos, poco después de uno de los yanomami implicados, un menor de 16 años, fuera intervenido quirúrgicamente por segunda vez.

Las noticias van y vienen en las redes sociales, los pueblos indígenas permanecen y siguen resistiendo ante los abusos y violaciones a sus derechos. Lo ocurrido en Parima B es apenas el ápice de un problema mucho más profundo y complejo.

Lo sucedido en Parima B no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos; de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva.

Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas pudieron ser el detonante que condujo a una reacción que terminó con cuatro víctimas fatales del pueblo Yanomami y cinco heridos.

Los pueblos indígenas merecen un políticas públicas especiales, acordes con sus derechos ampliamente reconocidos en la legislación venezolana.

El Estado venezolano, por su parte, pese a tener un marco legislativo en torno a los derechos indígena bastante favorable, no está logrando atender en todas sus dimensiones la compleja realidad que viven los pueblos indígenas de la Amazonia.

Al cierre de esta nota, fuentes cercanas a Wataniba confirmaron el desplazamiento de otras comunidades indígenas a la base de Parima B.

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Promovemos procesos de gestión territorial sostenibles en la Amazonía venezolana.
Buscamos fortalecer tanto la identidad de los pueblos indígenas de esta región, como su capacidad técnica para defender y ejercer sus derechos.

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Carlos Poleo

Especialista en comunicaciones

Productor creativo de contenidos para proyectos audiovisuales, fotográficos y de escritura en plataformas virtuales y tangibles. Por una década produjo piezas de branding y contenido promocional, programas de televisión de corto y mediano formato para HBO Latin America Group.  Ha trabajado para varias agencias de publicidad como redactor, productor y director creativo. Fue escritor y coordinador editorial del semanario Urbe en Venezuela. También fue fundador de 3.1 MultiMedia, un estudio de creación y producción de contenidos, y de Residencia, un grupo multidisciplinario dedicado a la creación visual. Ha escrito, producido y dirigido cortometrajes de ficción y documentales independientes como xxxx.

Graduado en Marketing y Publicidad por el Instituto Superior Universitario de Mercadotecnia. Realizó estudios literarios en la Universidad Católica Andrés Bello que continuaron en la Universidad Central de Venezuela. Cursó estudios de fotografía en la Escuela de Roberto Mata, la Organización Nelson Garrido y en el International Center of Photography en Nueva York. 

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Luis Medina

Investigador (Gestión ambiental)

Ingeniero ambiental con especialización en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), con experiencia en el análisis espacial, procesamiento digital de imágenes de satélite y la interpretación de coberturas de la tierra. Actualmente apoya en el seguimiento de la actividad minera, la detección de incendios, así como los principales factores que inciden en la deforestación en la Amazonia venezolana y la Panamazonia desde el Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba.

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Luis Jesús Bello

Director Operativo / Coordinador del Programa de Derechos Indígenas

Abogado por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), especialista en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Director Operacional y Político de Wataniba y lleva el Programa de Derechos Indígenas de esta organización. Tiene treinta y dos años trabajando con los pueblos indígenas de la Amazonia. Ha sido asesor de las principales organizaciones indígenas de la región y de la comisión que redactó los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en la Constitución de 1999 en Venezuela. Fue coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Defensor del Pueblo del Estado Amazonas. Tiene más de 10 años trabajando el tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en Venezuela y participa activamente en los procesos de gestión y en la formalización de las jurisprudencias especiales indígenas de los distintos pueblos que hacen vida en la Amazonia venezolana.

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Laura Botero

Asistente a la Dirección Ejecutiva

Psicóloga por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Actualmente es la Asistente a la Dirección Estratégica de Wataniba desde donde trabaja en la elaboración de propuestas y planes operativos y en el seguimiento de proyectos. Participa en las distintas actividades de campo de Wataniba, así como en la elaboración de productos analíticos y de investigación. Apoya a la Dirección Estratégica en las relaciones institucionales con organizaciones aliadas, cooperantes y financistas. Tiene formación y experiencia en monitoreo y evaluación de programas sociales de diversa índole: asistencia alimentaria, salud, población en necesidad de protección internacional y más recientemente, por su trabajo en Wataniba, en proyectos relacionados con la Amazonía. Entre sus líneas de investigación y áreas de interés están: violencia y seguridad ciudadana, riesgo y vulnerabilidad psicosocial, intervención social, género y descolonización y prácticas artísticas. Ha asistido en proyectos de investigación auspiciados por Amnistía Internacional en el área de seguridad ciudadana y colaborado con Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia). 

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Natalia Hernández

Subdirectora Técnica

Bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes (Colombia) con Maestría en Gestión Ambiental y Planificación Territorial del Centro Universitario Internacional de Barcelona (Cataluña). Actualmente reparte su tiempo entre ser la Subdirectora Técnica de Wataniba y Coordinadora del Eje Diálogos y Saberes Interculturales de la Fundación Gaia Amazonas (Colombia). Posee amplia experiencia en temas vinculados con gobernanza territorial y ambiental, análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, estrategias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, formulación de planes de manejo de áreas protegidas, diseño y formulación de proyectos, recopilación, captura y análisis de información, análisis de amenazas y presiones sobre ecosistemas estratégicos, trabajo comunitario con indígenas, afrocolombianos y campesinos, procesos de planificación y ordenamiento territorial, realización de inventarios florísticos y evaluaciones ecológicas rápidas, sistematización y procesamiento de información alfanumérica y geográfica. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales y empresas consultoras en Colombia, Brasil y Venezuela, como Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Fundación Etnollano, Instituto Socioambiental y 4D Elements Consultores.

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Guillermo Marciales

Investigador y asesor legal

Abogado por la Universidad Central de Venezuela y Magíster en Control de la Gestión Pública por la Universidad la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública ENAHP (Venezuela). Es Profesor del Instituto Culinario de Investigación Amazonas ICIA y asesor legal e investigador en el Programa de Derechos Indígenas de Wataniba. Ha sido asesor legal del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Ature del Estado Amazonas y del Ministerio del Ambiente. Perteneció al equipo legal de la Comisión Regional de Demarcación de tierra y hábitats indígenas del Estado Amazonas y fue asesor de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas. Desde el 2013, acompaña a las comunidades Uwottüja de la Cuenca del Cataniapo y Ye’kwana del Alto Ventuari en los procesos de elaboración y gestión de sus jurisdicciones especiales indígenas. Participó activamente en la elaboración del libro La jurisdicción especial indígena en Venezuela como autor y en la coordinación editorial.

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Vladimir Aguilar

Investigador y asesor legal

Politólogo, abogado de la Universidad de los Andes (Venezuela). Doctor en Estudios del Desarrollo mención Política Internacional, por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra (Suiza). Profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de esta misma casa de estudios. Es asesor legal e investigador en el Programa de Derechos Indígenas de Wataniba.  Fue coordinador del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) y del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. Es profesor invitado recurrente en el Diplomado de Expertos en Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Lyon II. Así mismo, ha sido profesor visitante de la Universidad de las Islas Baleares (España), la Universidad Autónoma de Chiapas (México), la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador) y otras universidades en América Latina. Ha sido autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos, entre los que destaca su participación en el libro La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio como coordinador y autor de capítulos.

Tina

María (Tina) Oliveira-Miranda

Coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental

Licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Simón Bolívar (Caracas). Coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba y miembro del Grupo de Investigación BioEvo de su Alma Mater. Miembro de la Comisión de Manejo Ecosistémico de la UICN. Lleva más de veinte años trabajando por la conservación del ambiente y la gestión territorial desde instituciones como la Universidad Simón Bolívar, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y organizaciones de la sociedad civil como Provita y Wataniba. Su línea de investigación principal gira en torno al análisis de la condición de los ecosistemas nacionales y continentales. En los últimos años se ha centrado principalmente en la evaluación y seguimiento de las presiones y amenazas que existen sobre la Panamazonia y la Amazonia venezolana. Para sus estudios y desarrollo profesional, se ha apoyado fuertemente en el uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica para la monitorización de los procesos de cambio en la cobertura terrestre. Cuenta con más de 25 publicaciones y más de 40 presentaciones en congresos. Es autora de la Lista Roja de los Ambientes Terrestres de Venezuela, la cual fue publicada en un libro homónimo, y coautora del nuevo mapa de Unidades Ecológicas de Venezuela, conjuntamente con Otto Huber. Participa de diversas redes nacionales e internacionales como la Rede Pro Yanomami Ye’kwana, Raisg, ANA, Alianza por la Acción Climática -Venezuela y ReGeneC.

Diana-Guevara

Diana Guevara

Asistente de investigaciones y proyectos socioambientales

Nativa Jivi, Licenciada en Gestión Ambiental por la Universidad Bolivariana de Venezuela y Técnica Superior en Ecoturismo por el Instituto Universitario de Tecnología Amazonas (Iutama). Lleva cinco años siendo parte del equipo de Wataniba. Actualmente es asistente del Programa Monitoreo Sociambiental de Wataniba. Desde allí trabaja en proyectos socioambientales dirigidos a promover y defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, sea en la planificación, ejecución y seguimiento de los mismos. También apoya en los proyectos de investigación y monitoreo con líderes indígenas que lleva a cabo la organización en torno a impactos en temas territoriales, ambientales, y culturales. En el último año ha mantenido un proceso constante de formación en materia de cambio climático. Así mismo participa en redes de jóvenes centradas en la conservación de la Amazonía y la adaptación y mitigación del cambio climático.

Jesús Abeleida Corvalán

Investigador (Geógrafo)

Geógrafo con estudios de Maestría en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo profesional ha girado en torno al desarrollo de sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, la creación de servicios web de mapas (WMS), así como el análisis y ordenamiento territorial con relación a temáticas socioambientales, trabajo en campo con comunidades y cartografías sociales indígenas. Actualmente, en Wataniba, se encarga de la elaboración de productos cartográficos y el mantenimiento de bases de datos sobre la Amazonia venezolana, como parte de las actividades del Programa de Monitoreo Socioambiental. 

Martha-Lopez

Martha López

Directora Financiera y Contable

Contadora Pública por la Universidad de la Salle (Colombia) con especializaciones  en Gerencia y Gestión pública por la misma casa de estudios y adopción NIIF de la Universidad Externado de Colombia y Recursos Humanos. Se especializa en gestiones y procedimientos administrativos, registro de contabilidad, proyección y ejecución de presupuestos y en el análisis de informes financieros. Ha trabajado de manera independiente como contadora pública y revisora fiscal para diferentes empresas y organizaciones en Colombia desde 1998. Desde el 2012 trabaja para Wataniba como Contadora.

Gabriela-Croes

Gabriela Croes

Asesora antropológica

Antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Magister en Historia por el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Venezuela), especializada en historia de Venezuela. Profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Fue Directora Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación por una década (1997-2007). Desde allí coordinó la elaboración de guías pedagógicas para el Programas en Educación Intercultural Bilingüe y el proyecto nacional de políticas públicas desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Entre 2000-2007 fue integrante de comisiones nacional y binacionales de alto nivel en asuntos indígenas, como la comisión de minería ilegal Venezuela-Brasil que involucran al Ministerio de Educación y la Cancillería venezolana.  Ha sido facilitadora en procesos de demarcación y autodemarcación de territorios indígenas y planes de vida de los pueblos Yukpa, Pemon, Chaima, Pume, Kuiva, Warao y Yek’wana.

Fue asesora de las organizaciones indígenas Kuyujani del alto Caura y Asochaica del pueblo chaima del estado Monagas. Consultora e investigadora de las culturas indígenas a través de la revista Anthropos, de estudios sociales aplicados. Entre 2013-2015, fue la coordinadora nacional del proyecto “Sitios Sagrados naturales de los pueblos indígenas de Venezuela”, llevado a cabo por el Ministerio de Educación con ORPIA y otras organizaciones regionales y nacionales y que dio como resultado una publicación homónima. Desde 2020 apoya Wataniba en el desarrollo de un sistema de alerta temprana y educación intercultural bilingüe para enfrentar el COVID-19 en comunidades indígenas de los estados Amazonas y Bolívar; además acompaña el desarrollo de mapas sitios sagrados de los pueblos Ye´kwana y Uwottüja.

En su trayectoria académica ha participado en calidad de ponente en eventos y congresos internacionales representando a Venezuela en la OEA, Educación Intercultural en los países de América Latina y el Caribe y en el 2014 representó a Venezuela en el Mercosur cultural.

RodrigoTapia

Rodrigo Tapia

Investigador (antropólogo) y asistente en proyectos
de formación intercultural

Antropólogo Magna Cumlaude por la Universidad Central de Venezuela, cursando estudios de filosofía en esta misma casa de estudio. Apoya en el Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba en sus actividades de formación y en los proyectos de investigación socio-cultural que lleva a cabo la organización. Ha trabajado como analista espacial para el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, aplicando encuestas y cuestionarios en comunidades indígenas y rurales, así como procesando datos. Así mismo ha participado de proyectos de investigación en torno a los saberes indígenas y los sitios sagrados de los pueblo indígenas de la amazonía en apoyo a Anthrophos para la elaboración de materiales didácticos, así como para estudios realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Venezuela).

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Leyda Sánchez

Educadora en proyectos de formación intercultural

Nativa y parlante Jivi, Profesora de educación intercultural bilingüe formada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) y diplomada en “Pedagogía comunitaria para el buen vivir de los pueblos indígenas” por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ha trabajado como docente de escuelas en Caracas y Puerto Ayacucho. Además de ejercer como maestra, ha participado en proyectos comunitarios como el de Diakone Katastrofhenhilpe y ha servido de apoyo en redes y organizaciones que velan por los derechos indígenas; entre éstas destacan ORPIA y Wataniba. En la segunda pone al servicio su formación como docente intercultural bilingüe y su intereses y saberes sobre las comunidades para organizar talleres y otras actividades de capacitación que surgen del Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba.  

Beatriz-Bellorin

Beatriz Bellorín

Asesora en comunicaciones

Socióloga por la Universidad Católica Andrés Bello, Magíster en Antropología Visual por University of London, Goldsmiths College. Fotógrafa y artista visual, se ha dedicado al desarrollo de investigaciones sociales cualitativas y la traducción de sus metodologías en la realización de videos y ensayos fotográficos con temas relacionados con el desarrollo humano sustentable y la gestión cultural. Ha centrado su trabajo en la promoción de intervenciones que generan impacto social y en compartir relatos que cuentan la adquisición y consolidación de capacidades en poblaciones vulnerables, promoviendo y alentando el compromiso con el bienestar en América Latina. Es co-fundadora de Foco Sustentable, Centro Lyra y Automático Films, organizaciones todas que giran en torno a la promoción del desarrollo sustentable. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones académicas en Venezuela y Estados Unidos, como Voices For Children, Avina Américas, Athena Lab For Social Change, SOCSAL, Wataniba y el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Tanto en Voices for Children y en Wataniba ha impulsado importantes cambios en las estrategias comunicacionales de ambas organizaciones. También ha sido consultora para proyectos de Ashoka, Banco BBVA, Empresas Polar y Plumrose, entre otros.

Brenda-Bellorin

Brenda Bellorín

Coordinadora de comunicaciones

Investigadora y crítica literaria, editora, gestora de proyectos culturales y sociales y creadora de contenidos para niños y jóvenes. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Máster en Estudios Liberales en la New School University (EEUU) con una beca Fullbright. Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universitat Autònoma de Barcelona (Cataluña). Dirigió la Gerencia de Información Documentación y Estudio del Banco del Libro de Venezuela, allí desarrolló proyectos editoriales y organizó exposiciones, cursos, simposios, seminarios y participó en diversos proyectos sociales y culturales en comunidades urbanas y rurales poco favorecidas. Ha sido profesora en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, el Máster de Promoción de lectura de la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona, así como en La Escola de la Dona. Entre el 2006 y el 2019 fue profesora del Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autònoma de Barcelona- Banco del Libro y miembro de la coordinación académica de este programa. Asimismo, ha colaborado con editoriales como Ediciones Ekaré, FCE, Akal, Zorro Rojo y Flamboyant. Creó, junto con Miriam Martínez Garza, Vuelta de Caracol, una agencia de contenidos creativos para proyectos editoriales, culturales y sociales destinados al público infantil y juvenil. Actualmente reparte su tiempo apoyando las organizaciones sociales Ágora y Centro Lyra en la formulación y ejecución de proyectos, y Wataniba, donde apoya en la Coordinación de Comunicación y Publicaciones creando contenidos y editando materiales.

Loreana Botero

Asistente de comunicaciones

Estudia Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y asiste a la Coordinación de Comunicaciones y Publicaciones de Wataniba, recopilando y procesando materiales para la escritura de artículos, notas de prensa y posts para redes sociales.

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Roselin González

Administradora Interna

Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Carabobo (Venezuela), especializada en gestiones y procedimientos administrativos y la elaboración de informes financieros y contables, declaraciones de impuestos y manejo de programas contables. Fue Directora de Administración del Instituto Nacional de Nutrición del estado Amazonas, Directora de Administración y Finanzas del municipio Autana, estado Amazonas, así como Administradora para Fundaproal. Desde inicios del 2021 trabaja como Administradora Interina para Wataniba. Entre el 2009 y 2012 fue profesora de matemáticas financiera y contabilidad básica en la UPEL (Venezuela).

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María Teresa Quispe

Directora Ejecutiva / Coordinadora de Redes Amazónicas

Socióloga por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), con más de veinte y cinco años de experiencia en organizaciones sociales e instituciones gubernamentales que buscan fortalecer a colectivos de distinta índole. Fundadora y Directora Estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Wataniba. Desde el 2002 se dedica al diseño de políticas que buscan promover nuevos modelos de bienestar para la Amazonía, con una perspectiva que considera la protección de los bosques y los derechos de los pueblos amazónicos. Como directora estratégica de Wataniba, establece líneas de trabajo de la organización, diseña y dirige la implementación de programas que buscan empoderar a los pueblos indígenas en la consolidación de sus derechos a la autodeterminación, la tenencia y gestión de sus tierras de origen, el respeto de sus conocimientos, tradiciones y formas de vida ancestrales. Así mismo, se dedica a la consolidación de redes abocadas a mitigar y poner fin a las amenazas que ponen en peligro a la Amazonia y su gente. En ese marco, lidera la articulación institucional de Wataniba con organizaciones e instituciones regionales, nacionales e internacionales como ISA, Gaia Amazonas y alianzas y redes regionales como ANA, COICA, RAISG, CANOA, entre otros. Establece relaciones con donantes y cooperantes internacionales para la recaudación de fondos para hacer viables los objetivos organizacionales.