El hecho ocurrido entre efectivos militares de la base aérea de Parima B y la comunidad yanomami de la zona pone en relieve un problema con raíces profundas. Aunque la señal WiFi haya sido el detonante, no se trata de un hecho aislado. Es el resultado de un cúmulo de tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a los pueblos indígenas que, desde hace décadas, han sido denunciadas por organizaciones indígenas, de derechos humanos, activistas y las propias víctimas.
“Lamentamos lo ocurrido en Parima B”, escribió el gobernador del estado Amazonas de Venezuela en su cuenta de Facebook a primera hora del martes 22 de marzo. “Una verdadera tragedia fue ocasionada por algo que pudiese ser visto como algo irrelevante en cualquier otro lugar. Sin embargo, al no tener la formación necesaria para tratar con culturas ancestrales con cosmovisiones distintas, cualquier funcionario confundido puede generar situaciones dolorosas”.
La cita es trágica no solo porque habla de algo que pudo ser evitado, sino también por la idea de que cualquiera puede, por ignorancia supina, atentar contra los derechos fundamentales de quienes son diferentes a sí mismo. Las declaraciones del gobernador dejan en evidencia que un estado como Amazonas, donde hay territorio y hábitat indígena, debe tener una administración pública y política y de defensa territorial acordes a los pueblos y comunidades indígenas y su hábitat. Cuando esto no ocurre, cuando no se toman en consideración los derechos indígenas se producen incidentes con seria consecuencias, como el ocurrido en Parima B.
En tal sentido, la situación presentada en la base aérea fronteriza de Parima B el domingo 20 de marzo, no puede verse, ni tratarse, como una situación aislada. Las tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a indígenas de la zona ya han sido denunciadas en otras oportunidades por parte de organizaciones indígenas como ORPIA y OIPUS, organizaciones de la sociedad civil como Wataniba – entre otras – y entes internacionales de Derechos Humanos.
A muchos puede sorprender que un pueblo con características como las del Yanomami, no sólo tengan acceso a celulares, sino que también posea la tecnología necesaria para conectarse en medio de la selva y reclamar su derecho a uso a las autoridades, cuando éste le es suspendido. Esto es parte del desconocimiento que está en la base de los problemas de comunicación, que, como se intuye por los sucesos de los últimos días, va más allá del reclamo del necesario bien que es la señal WiFi. El problema es más complejo.
Minería: Un secreto a voces
La Sierra de Parima forma parte del Parque Nacional Parima–Tapirapecó, cuya extensión alcanza 39 mil kilómetros cuadrados de superficie, la más grande de Venezuela y el quinto en el mundo. Se ubica al extremo sur del municipio Alto Orinoco, el más extenso del Amazonas venezolano, y es la frontera natural entre Venezuela y Brasil a lo largo de sus 320 Km de longitud. En sus montañas nace el río Orinoco: no hay carreteras, ni hospitales, ni otro tipo de infraestructuras.
A lo largo de este territorio vive casi la totalidad de los pueblos Yanomami de Venezuela: 162 comunidades, aproximadamente 15 mil personas. Por más de quinientos años, desde antes de la llegada de los primeros colonizadores, los Yanomami han habitado Parima.
La vida de las comunidades yanomami de la zona es muy diferente a la que solían tener sus ancestros. Hoy deben convivir con la presencia de personas dedicadas a actividades extractivistas al margen de la ley que trasgreden sus territorios, provocan daños al ambiente, generan violencia y fuertes impactos socioculturales.
La situación fue alertada en 2010 en el informe Aproximación a la Situación de los Pueblos Indígenas Aislados o con Poco Contacto en Venezuela, realizado por Wataniba en cooperación con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés): “En los últimos años y en la actualidad, hay reportes de actividades mineras evidentes en ambos lados de la frontera entre Venezuela y Brasil, específicamente en las áreas cercanas al Alto Siapa, el Cerro Delgado Chalbaud-Parima, el Alto Ocamo-Putaco-Matacuni, en el Estado Amazonas y en el Alto Caura”.
Más recientemente un miembro de una de las comunidades de Parima confirmó a Wataniba, en una entrevista de campo realizada a mediados del año pasado, la presencia de campamentos mineros establecidos abiertamente en territorios indígenas. “Nos sentamos con ellos y ahí hay sólo máquinas funcionando, hay dos máquinas. Yo vi, sentado en la cima con ellos… no llamo a avisar al policía ni guardia nacional que estoy solo y ahí nos sentamos,‘solamente usted puede llegar’, ellos decían”.
Realizado por RAISG/Wataniba
Asegura que en una oportunidad “mi gente de la comunidad, mi gente de Parima salió para allá… y yo vi allá, ellos sentados, yo parado, trabajan ahí, yo veo, trabajan con máquinas con agua”. Y los yanomami, de cara a los usurpadores, “ustedes no pueden trabajar, tienen que preguntarnos a nosotros, a nuestros chamanes, a nuestros ancianos, no pueden entrar rápido, y tienen que consultar con gente, tienen que consultarlo, y si les dicen que no, no los pueden atropellar”.
La presencia de campamentos mineros en Parima es de conocimiento público, incluso los organismos de seguridad que deberían resguardar el estado de derecho y los hábitats indígenas lo saben. Muchas veces los miembros de las comunidades se han visto obligados a negociar directamente con los invasores de la zona con el fin de establecer los límites. Y con frecuencia, estas negociaciones suelen ser pacíficas “ellos no amenazan, no fastidian a la comunidad, siempre les dan cafecito y bueno…”. Otras veces la amabilidad se extiende a intercambios por comida u obsequios… como celulares.
Acuerdo roto
“Estos muchachos no conocen la cultura yanomami” dijo Gumersindo Castro, Defensor Delegado del Pueblo del estado Amazonas en un programa radial, haciendo alusión a los 17 efectivos militares que desde noviembre pasado custodian la base militar de la aviación en Parima B. Aseguró que “esta base no pertenece a la jurisdicción de Puerto Ayacucho, sino al estado Aragua”, y que anteriormente era ocupada por tropas del ejército.
Parte del apresto operacional de la base de seguridad fronteriza Parima B lo constituyen sus capacidades de comunicación. Cuenta con paneles solares que generan electricidad para su funcionamiento y el uso de la comunidad, así como una antena que permite una conexión con el resto del mundo.
Por su parte, tiempo atrás, los yanomami habían conseguido que les donaran un router. Así indígenas y uniformados llegaron a un acuerdo: los Yanomami prestaban el router, la base facilitaba la conexión y todos, Yanomami y militares, tenían acceso a internet.
Pero el acuerdo no se sostuvo.
Al parecer el trato se rompió cuando los adscritos a la base fueron relevados y la nueva comisión le negó el restablecimiento del servicio a la comunidad. Ante la negativa, los indígenas exigieron les dieran el aparato.
Choque de culturas
Los Yanomami se caracterizan por ser un pueblo muy social, algunos shabono pueden alojar hasta 400 personas, y suelen mantener contacto con otras comunidades transfronterizas.
Con la llegada de los celulares, los indígenas han encontrado en éstos un puente para la relación entre pueblos. Son un medio para dar respuesta y hacerle frente a la ausencia de servicios públicos, a las amenazas territoriales y ambientales por la actividad extractivista y a la vulneración de sus derechos fundamentales.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas menciona en su artículo 30 que “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados o que éstos la hayan solicitado”.
Las palabras del gobernador de Amazonas resaltan la escasa formación del personal militar “para tratar con culturas ancestrales con cosmovisiones distintas”, de lo que se desprende que en una base militar de estas características debería haber, además, un equipo multidisciplinario, sociológico y antropológico, capacitado para el diálogo intercultural y la mediación, que pudiera mantener al margen la intervención castrense.
A través de internet y las redes sociales, organizaciones relacionadas con asuntos indígenas ya han denunciado con anterioridad el abuso y las violaciones a las que son sometidos los indígenas por parte de las fuerzas militares o de orden público. Hace siete años, por ejemplo, Wataniba informó a través de un comunicado público, su repudio ante la presunta muerte de un joven yanomami de 27 años a manos de la policía del estado, en Puerto Ayacucho.
Más recientemente, en Manapiare, los indígenas, cansados de las humillaciones a las que son sometidos en la alcabala de la localidad, encendieron fuego a la churuata del puesto militar.
Diez años después
El terrible incidente del 20 de marzo coincide con el cumplimiento de diez años de un acuerdo suscrito entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo día en 2012, Venezuela se comprometió a garantizar la integridad del pueblo yanomami. Compromiso que surgió en respuesta a la masacre de Haximú ocurrida en 1993: 16 indígenas fueron asesinados por mineros brasileños (caso 11.745 Yanomamis vs. Brasil).
Pocos meses después de la firma de este acuerdo, los Yanomami denunciaron una nueva incursión en territorio venezolano que habría dejado un saldo de 80 indígenas yanomami fallecidos en la comunidad Irotatheri. Tres testigos relataron que, el 5 de julio a las 4:00 de la tarde, un helicóptero disparó e hizo explotar el shabono donde vivían, sólo tres personas sobrevivieron aquel día a la masacre porque salieron de cacería.
Pese a los testimonios de los sobrevivientes de Irotatheri, Nicia Maldonado, la ministra para los Pueblos Indígenas de entonces negó al canal del Estado lo sucedido diciendo que “después de estas visitas que hemos realizado en las comunidades indígenas, podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte o no se encontró evidencia de casa o ‘shabono’ incendiado en estas comunidades señaladas como escenario de este supuesto crimen”.
La investigación se detuvo.
Nadie entra, nadie sale
El Defensor Delegado del Pueblo del estado Amazonas aseguró que uno de los castrenses que conocía de primera línea la información de lo sucedido “fue el comandante de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral), General de División José Ramón Maita González” quien se trasladó el día lunes 21 a Parima B a verificar la información que le habían reportado.
A su llegada, los cuerpos de los yanomami aún yacían en el suelo y ahí permanecieron durante horas. Los funcionarios militares, en su desconocimiento de las costumbres de este pueblo, impidieron que la gente de la comunidad moviera el cadáver para iniciar los cortejos fúnebres según sus usos y costumbres.
Fue hasta el día siguiente, martes 22, cuando arribó una comisión interinstitucional, integrada por el CICPC, dos fiscales del Ministerio Público, SENAMECF, el General de la base aérea y funcionarios de la alcaldía y del Movimiento Indígena Unido de Venezuela (MIUVEN), que el pueblo de Parima B pudo llevar a cabo su ritual funerario.
Vía Twitter, Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela informó que habían sido “#DESIGNADOS en Amazonas el Fiscal 91 Nac en materia indigenista y la Fiscal 4 de Derechos Humanos, para #investigar conjuntamente con expertos del #CICPC #denuncia sobre enfrentamiento entre indígenas yanomami y funcionarios militares”.
Ese mismo día en el programa radial Global Noticia de Puerto Ayacucho, un funcionario del Estado aseguraba que dicha comisión “no pudo entrar ni a ver a los militares heridos cuya gravedad se incrementa con las balas en su interior, porque están heridos de bala. Los yanomami tienen cercada la base y no dejan pasar a nadie”.
De acuerdo con la jurisprudencia que sustenta la Jurisdicción Especial Indígena, los hechos ocurridos en las tierras y hábitats indígenas deben ser resueltos según sus usos y costumbres. “El problema sucedió aquí y aquí se tiene que cerrar el caso” se oye decir a una mujer de la comunidad en un video que circula por redes sociales, “se supone que ustedes nos vienen a cuidar, que ustedes nos protejan ¿que hay de nuestras leyes? La ley dice que el problema que sucede en la tierra de un pueblo yanomami se resuelve en su tierra”.
Especialistas en materia de derechos indígenas afirman que, en este caso, tratándose del derecho humano fundamental como lo es el derecho a la vida, debería haber una mediación para que sea depuesta la justicia yanomami y haya una resolución distinta a sus usos y costumbres, que satisfaga al pueblo Yanomami, pero respetando el Derecho a la Vida de los presuntos infractores señalados de este pueblo originario.
Aún esto no termina
A una semana de la triste noticia de lo ocurrido en Parima B el pasado domingo 20 ha recorrido el mundo. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, indígenas y socioambientales y líderes políticos han hecho eco del repudio ante lo acaecido y exigen justicia. Eligio Dacosta, coordinador general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), demandó una investigación objetiva e imparcial “se debe investigar la debida proporción en el uso de la fuerza pública, si hubo o no uso excesivo de la fuerza pública”.
La Comisión Nacional designada por el Ministerio Publico permanece en la ciudad de Puerto Ayacucho capital del estado Amazonas. Mientras tanto el pueblo yanomami, alzado, mantiene tomada la base aérea. Aunque aún se desconocen los términos de la negociación, los militares heridos, a quienes los indígenas se negaban a entregar, finalmente fueron trasladados a Puerto Ayacucho para ser atendidos, poco después de uno de los yanomami implicados, un menor de 16 años, fuera intervenido quirúrgicamente por segunda vez.
Las noticias van y vienen en las redes sociales, los pueblos indígenas permanecen y siguen resistiendo ante los abusos y violaciones a sus derechos. Lo ocurrido en Parima B es apenas el ápice de un problema mucho más profundo y complejo.
Lo sucedido en Parima B no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos; de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva.
Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas pudieron ser el detonante que condujo a una reacción que terminó con cuatro víctimas fatales del pueblo Yanomami y cinco heridos.
Los pueblos indígenas merecen un políticas públicas especiales, acordes con sus derechos ampliamente reconocidos en la legislación venezolana.
El Estado venezolano, por su parte, pese a tener un marco legislativo en torno a los derechos indígena bastante favorable, no está logrando atender en todas sus dimensiones la compleja realidad que viven los pueblos indígenas de la Amazonia.
Al cierre de esta nota, fuentes cercanas a Wataniba confirmaron el desplazamiento de otras comunidades indígenas a la base de Parima B.
