Foto: Jesús (Chucho) Sosa-Wataniba
La Amazonía venezolana está experimentando cambios significativos en sus ecosistemas, los cuales, a su vez, tienen profundos impactos socioculturales para los pueblos indígenas. En tal sentido, hacemos seguimiento a la deforestación asociada a la minería y la agricultura, la degradación de los bosques, la incidencia de incendios, las afectaciones en el ciclo hidrológico del agua, la contaminación del agua y la biota por el uso de mercurio en la minería.
La región, por otra parte, es foco de hechos de violencia por grupos externos armados contra guardianes indígenas que vigilan las comunidades. Por tanto, hacemos seguimiento de esos encuentros, su gravedad, de si esos grupos se han instalado en la región y de cómo los indígenas agenciaron los puntos de entrada y salida a su territorio.
Esto lo vemos en relación con los efectos que ha traído la minería y otras actividades ilegales.La seguridad de los pueblos no la vemos solamente en este orden, sino también registrando y llamando la atención de las autoridades y el público general sobre la ocupación de los pueblos originarios, la división de las comunidades (autoridades tradicionales versus grupos de jóvenes que apoyan a los grupos externos), la amenaza y las agresiones contra defensores indígenas, las violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas, entre otros aspectos.
Deforestación, minería y quemas
Foto: Wataniba
La actividad minera en la Amazonía venezolana en los últimos sesenta años se ha centrado en minerales como el oro, el diamante, el hierro y el aluminio, además de algunos materiales de construcción. Recientemente se ha sumado el coltán y algunos minerales enriquecidos. Coexisten en la región la minería legal, ilegal y artesanal. Desde la década del ochenta comenzaron las denuncias sobre las prácticas clandestinas de minería en los estados Bolívar y Amazonas.
Pese a la resistencia de diferentes actores, la falta de estudios de impacto ambiental y el no haber pasado por una consulta previa, libre e informada establecida en la Constitución Nacional (Artículo 120), en 2016, el Estado venezolano decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco; una área para propulsar la actividad minera en el estado Bolívar. El decreto contraviene la constitución y el marco legal vigente en materia ambiental e indígena, además de los derechos humanos en materia laboral y comercial.
Por el lado ambiental, existe el temor de que se intente legalizar la actividad en el estado Amazonas mediante diferentes concesiones bajo el argumento de que se trata de una forma de ordenar la explotación minera a partir del uso de tecnologías. Lejos de generar beneficios, esto podría intensificar los efectos del crecimiento de la minería ilegal y otras actividades ilícitas conexas: el contrabando de combustible, alimentos y medicinas, la presencia de grupos externos armados que custodian las minas y pretenden el control político y militar de los territorios indígenas, el narcotráfico, las mafias fronterizas y la delincuencia organizada.
El principal impacto ambiental de esta actividad es la contaminación por mercurio. De acuerdo con estimaciones realizadas por Wataniba mediante imágenes satelitales, las superficies afectadas han ido progresivamente en aumento. Se ha pasado de 34.000 hectáreas en 2019, a 113.200 hectáreas (una superficie cercana a la de Nueva York) en 2020 y alrededor de 134.000 hectáreas en 2021; una extensión que equivale a dos veces Singapur.
La región, por otra parte, es foco de hechos de violencia por grupos externos armados contra guardianes indígenas que vigilan las comunidades. Por tanto, hacemos seguimiento de esos encuentros, su gravedad, de si esos grupos se han instalado en la región y de cómo los indígenas agenciaron los puntos de entrada y salida a su territorio.
Esto lo vemos en relación con los efectos que ha traído la minería y otras actividades ilegales.La seguridad de los pueblos no la vemos solamente en este orden, sino también registrando y llamando la atención de las autoridades y el público general sobre la ocupación de los pueblos originarios, la división de las comunidades (autoridades tradicionales versus grupos de jóvenes que apoyan a los grupos externos), la amenaza y las agresiones contra defensores indígenas, las violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas, entre otros aspectos.
Otra de las consecuencias ambientales de la minería es la deforestación. Aunada con la actividad agrícola, ha motorizado la pérdida de aproximadamente 2% del bosque natural existente para 1985 en la región amazónica venezolana.
Uno de los elementos que ha cobrado más importancia en los últimos años son las quemas. Al igual que la deforestación, pueden asociarse a las actividades agropecuarias y la minería, pero además, con la extracción de madera y de fauna, en muchos casos para el comercio ilegal. Ambos fenómenos –deforestación y quemas–, están estrechamente asociados con la aceleración del cambio climático por la emisión de carbono y con una reducción en la capacidad de los sistemas naturales en la captación y el manejo del agua. Todo esto redunda en la pérdida de la diversidad biológica y en el deterioro de los ambientes naturales donde viven los pueblos originarios.
Actualmente Venezuela es el tercer país de la Panamazonia en cuanto a la superficie anual quemada, luego de Brasil y Bolivia. Y parte del problema está en que los incendios han crecido con respecto a las áreas tradicionales de agricultura y los conucos indígenas; es decir, se han expandido hacia ecosistemas naturales boscosos y no boscosos.
Violencia y conflictos con grupos externos
Foto: Jesús (Chucho) Sosa-Wataniba
La presencia de mineros se ha visto agravada por la entrada de grupos armados irregulares y la militarización de la región. La convivencia de diferentes grupos externos vulnera la paz y la seguridad de las comunidades y ha producido cambios importantes en las dinámicas sociales de los pueblos indígenas. Con ellas se han instaurado patrones de explotación en torno a actividades mineras, se han establecido dinámicas delictivas asociadas a tráficos ilegales y se ha incrementado la violencia.
Mineros y grupos armados han logrado dividir las comunidades entre quienes apoyan la minería y la mayoría que se opone a ella. Esto ha generado conflictos violentos intercomunitarios, sin la intervención efectiva y el control de las autoridades; tal es el caso del pueblo Uwottüja, cuyos líderes se encuentran bajo amenaza por trabajar para la defensa del territorio.
Vulneración de derechos humanos e indígenas
Foto: Jesús (Chucho) Sosa-Wataniba
Este contexto crea condiciones que vulneran los derechos humanos y aquellos específicos a los pueblos indígenas. Particularmente, se ven afectados los derechos territoriales y de protección del hábitat, así como el derecho de salud. Igualmente, las actividades tradicionales de subsistencia y la economía propia, la identidad e integridad cultural, así como el ejercicio de la autonomía interna en términos de toma de decisiones sobre sus propios asuntos.
Problemas de salud pública
Foto: Jesús (Chucho) Sosa-Wataniba
La contaminación por mercurio en el agua y en la fauna acuática, así como la inhalación de los vapores que se desprenden en algunas etapas de la actividad minera afecta a la población y a la diversidad biológica de la Amazonía venezolana. Mediciones han detectado altos niveles de mercurio en múltiples especies acuáticas, así como en comunidades indígenas que viven aguas abajo de las localidades donde se practica la minería. En la región también proliferan enfermedades de transmisión vectorial como el paludismo, la fiebre amarilla y el dengue.
De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud, el aumento de casos de paludismo en el país entre 2015 y 2019 se debe, principalmente, a los contagios en los municipios mineros del estado Bolívar. Este incremento se relaciona con la proliferación de pozos de agua estancada por la extracción de material enriquecido con oro. Actualmente, no se cuenta con datos públicos sobre contagios que permitan evaluar el estado actual del paludismo tras el aumento de la actividad minera de 2019 en adelante.
Se han reportado, brotes de afecciones tratables como las diarreas y de enfermedades prevenibles a través de la vacunación como el sarampión. En 2018, el pueblo Yanomami se vio afectado por una epidemia de sarampión. Debido al acceso limitado o la inexistencia de tratamientos adecuados en las comunidades y a la ausencia de memoria inmunitaria ante muchas de estas afecciones, su rápida propagación entre la población indígena puede ser mortal.
