La implementación de megaproyectos inconsultos avalados por los gobiernos de los países que conforman la Amazonia y el Gran Chaco amenazan con exterminar a 185 pueblos indígenas aislados. En el reciente Encuentro Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Inicial, celebrado en Asunción, Paraguay, se resaltaron los “graves retrocesos” y “el avance de actividades ilegales, tanto privadas como estatales” en todos los países que conforman dos de los biomas más importantes de América del Sur.
Las tierras de los Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial (PIACI) suelen ser ricas en recursos naturales, algo que, paradójicamente, es el origen de muchos de los problemas que estos pueblos tienen que enfrentar en la actualidad.
Para los pueblos indígenas, una de las principales razones por las cuales se produce este tipo de conflictos se relaciona con su ejercicio de los derechos territoriales, en contraposición a los derechos de explotación de recursos naturales que, en beneficio del crecimiento económico, suelen alegar los actores no indígenas.
La implementación de megaproyectos, obras de infraestructura, hidroeléctricas, carreteras, concesiones forestales, hidrocarburíferas y mineras en territorios indígenas, avaladas por los gobiernos, generan un incremento de los conflictos sociales en las comunidades, así como de la degradación de los ecosistemas y de las violaciones a los derechos humanos fundamentales para los PIACI.
En la Amazonia y el Gran Chaco, donde organizaciones de la sociedad civil como Wataniba han registrado alrededor de 185 pueblos indígenas aislados, distribuidos a los largo y ancho de ambas regiones, este modelo de desarrollo se contradice a las principales normativas de protección de derechos de los PIACI. Ello deja en evidencia una tendencia política por impulsar un modelo de desarrollo extractivo que va en detrimento de la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que han elegido sostener esta forma de vida.
(Foto: Bruno Kelly / Amazonia Real)
“Ausencia de voluntad política”
En el Encuentro Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Inicial recientemente celebrado en Asunción, Paraguay, se reunieron más de 20 organizaciones regionales comprometidas con la defensa de los PIACI en la Amazonia y el Gran Chaco.
Durante cinco días el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), como se ha denominado a esta iniciativa conformada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil, investigadores y defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam, se reunió para exigir a los Estados el respeto a la autodeterminación y la garantía de los derechos humanos de estos pueblos.
El GTI-PIACI es el resultado de un exitoso trabajo colaborativo. Hace tres años, en 2019, se consolidó tras el lanzamiento de la publicación “Pueblos Indígenas en Aislamiento en la Amazonia y Gran Chaco. Informe Regional: Territorios y desarrollo”, en un encuentro similar celebrado en La Paz, Bolivia. Allí, 21 organizaciones acordaron la creación de esta alianza con la intención de impulsar la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.
La Declaración de Asunción, que en esta ocasión han firmado 34 distintas organizaciones, resalta los “graves retrocesos” y “el avance de actividades ilegales, tanto privadas como estatales” en todos los países que conforman dos de los biomas más importantes de América del Sur. Un escenario que demuestra, agrega el documento, “la ausencia de voluntad política por parte de los gobiernos para implementar y cumplir las directrices (internacionales) de protección para los PIACI (…) al tiempo que se consolida la voluntad política y empresarial para impulsar el modelo de desarrollo extractivista y de construcción de megaproyectos en los territorios indígenas de la región.”
El aislamiento, una estrategia de supervivencia
Los pueblos indígenas que habitan en las profundidades de la selva, dedicados a su economía de subsistencia tradicional y evitan cualquier contacto con la sociedad que llamamos moderna, no son, como muchos piensan, los pobladores primogénitos.
Lo cierto es que muchos de estos pueblos indigenas aislados, “en situación de aislamiento”, “voluntariamente aislados”, “silvícolas”, “no contactados”, “ocultos” o “libres”, como suele denominárseles, han decidido permanecer al margen de la sociedad dominante como una estrategia de supervivencia ante las amenazas que históricamente ésta les ha representado.
Desde siglos antes de la colonización europea, los pueblos indígenas han mantenido en sus territorios ancestrales sus propias lenguas, culturas, religiones, cosmovisiones, sistemas de gobierno, administración de justicia y desarrollo económico, del mismo modo que nuestra sociedad ha desarrollado estructuras de representación y organización política y social. Además, han conservado sistemas culturales y de conocimientos de sus respectivos entornos naturales que se basan en la profunda relación con sus territorios. Todo ello se entrelaza con su identidad, sus historias sobre sus orígenes como pueblos diferenciados y las relaciones entre sus integrantes, con otros pueblos y nacionalidades, y demás seres vivos.
En las demandas actuales por el respeto a sus derechos, la discusión en torno al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha revestido particular importancia. Los pueblos indígenas invocan este derecho en distintos contextos y escenarios relacionados con la defensa de sus territorios ancestrales, recursos naturales, culturas y formas de vida. No obstante, para los PIACI, dada su voluntaria condición de aislamiento y la ausencia de una voz propia que los represente, la satisfacción a estas demandas conlleva un proceso mucho más complejo; parte principalmente de que se reconozca su existencia por parte de los Estados y gobiernos.
Los pueblos indígenas aislados, entre políticas contradictorias
Aunque los informes locales aportados por las organizaciones que conforman el GTI-PIACI dan fe de la existencia de al menos 185 comunidades indígenas en condición de aislamiento, oficialmente solo existen 66 para los Estados amazónicos y del Gran Chaco.
Aunque en varios de estos países existe un marco jurídico que los ampara, inclusive desde un marco constitucional, los retrocesos en las políticas de protección de los PIACI no son hechos aislados en la región.
Las recategorizaciones de los territorios indígenas con el propósito de debilitar su protección en aquellos casos donde existen intereses extractivos, el incremento de áreas concesionadas y cedidas a la explotación, el desmantelamiento institucional y la reducción de recursos fiscales destinados a la protección de los PIACI, así como la exclusión de las poblaciones indígenas que comparten territorio con los pueblos en aislamiento en los procesos de toma de decisiones, fortalecen la expansión de megaproyectos que dominan e imponen decisiones que violan los derechos de las poblaciones que dependen de la selva para sobrevivir.
Los ejemplos están a la vista. Para los Ayoreo del Chaco de Paraguay, el último pueblo indígena en ser contactado en este país y que aún posee grupos en aislamiento voluntario, el Estado aún no reconoce su existencia. En el Gran Chaco, región que constituye una de las áreas de mayor deforestación del planeta, con una pérdida que se aproxima a las 800 hectáreas de bosques perdidas a diario, gran parte de esta deforestación obedece a un indiscriminado otorgamiento de licencias por parte del gobierno.
Y en los países de la cuenca amazónica la situación no es distinta. La reciente Declaración de Asunción originada en el Encuentro (2022) alerta que en Perú existe una campaña que fomenta un proyecto de ley que busca frenar el reconocimiento de las Reservas Indígenas a favor de los PIACI. Mientras que en Colombia “las problemáticas asociadas a economías ilegales en frontera, como son las rutas de narcotráfico y la explotación de minería ilegal de oro en el Parque Nacional Natural Río Puré, presentan un riesgo y afectación a los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados Yuri-Passé debido a la contaminación, degradación y erosión de ecosistemas de los cuales dependen”.
Ante estos escenarios queda claro que el modelo de “desarrollo extractivista-exportador”, predominante en la región, representa una contradicción entre las políticas de protección de los PIACI y las políticas macroeconómicas asumidas por los Estados. De hecho, son precisamente estas condiciones las que “empujan” a los pueblos aislados al contacto forzado como única opción de supervivencia, lo que conlleva a la formación de una opinión pública de que los pueblos indígenas, y en especial los aislados, son un “obstáculo al desarrollo”.
Sumar esfuerzos para garantizar los derechos de los PIACI
En general, el valor y la importancia del paradigma de vida de los aislados, todavía hoy, no es visto ni apreciado por aquellos al margen de estas comunidades. Peor aún, muchos lo consideran anacrónico, entre otros motivos por el hecho de no ser sedentario y requerir de mayores extensiones territoriales que escapan de las convenciones de la sociedad moderna actual.
Lejos de percibir a los grupos aislados como un “otro” muy distinto y de fomentar un encuentro entre culturas diversas, los grupos aislados suelen ser percibidos, desde una visión integracionista, exclusivamente como parte de nuestro mundo; se ignora, pues, la profunda espiritualidad que rige cada momento y acto de la vida de estos grupos.
La ausencia de esta valoración positiva implica que la sociedad dominante y envolvente, y los Estados que la conforman, no están en condiciones de proteger a los grupos aislados en su integridad y diversidad.
Pese a lo dicho, surgen simultáneamente tendencias, aún minoritarias, de nuevas opiniones que se manifiestan a favor de la cultura de vida de los PIACI. Se percibe una creciente necesidad de querer entender las particularidades de las condiciones de vida de los grupos aislados, de reconocer su diversidad y de comprender que las mismas requieren de medidas, posturas y, más allá de las legislaciones, de acciones protectivas muy especiales.
En Wataniba, como organización civil miembro del GTI-PIACI, nos unimos al llamado que expresado en la Declaración de Asunción, conmina a los organismos internacionales, sectores de la sociedad civil nacional e internacional a “sumar esfuerzos con este mismo objetivo y urgimos a los Estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección necesarias para garantizar estos derechos”.
