Situación en la cuenca del río Caura: actualización 11 mayo 2020.

Ante la situación de violencia vivida en días recientes en el sector “La Puerta” a manos de grupos armados externos, vinculados con actividades de minería ilegal, en la cuenca media del río Caura, el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía – Wataniba reitera su solidaridad con los pueblos indígenas Ye’kwana y Sanöma, que allí habitan.

Fotografía Wataniba/Jesús-Chucho-Sosa

La situación ha sido confusa desde el día 6 de mayo, en horas de la mañana. Ese día, llegó información sobre un ataque con armas de fuego contra un grupo de 13 ye’kwanas, un wayuu y un sanöma, que se encontraban durmiendo, por parte de un grupo irregular. En primera instancia, fuentes cercanas de los pueblos indígenas, cuyos nombres mantenemos en reserva por razones de seguridad, informaron sobre la muerte de dos jóvenes ye’kwana y un wayuu, apodado El Panadero. Los restantes indígenas presentes habían logrado escapar hacia la selva, sin alimentos ni pertrechos para pasar la noche. Entre ellos familias con niños pequeños.

Cuerpos oficiales de seguridad del estado venezolano se hicieron presentes en la zona, los cuales informaron a los líderes ye’kwana que no hubo fallecidos, pero que el indígena wayuu se mantiene desaparecido. Sin embargo, los hechos aún están en desarrollo y los organismos de seguridad permanecen en el lugar, por lo que se espera confirmación.  

Según lo reportado por el coordinador de la Organización Kuyujani, que representa a los pueblos y comunidades Ye’kwana y Sanöma de la cuenca del río Caura, el grupo armado venía amenazando a los indígenas con entrar a la fuerza en su territorio, ante la negativa de aceptar el control que deseaban imponer. Dicha situación fue denunciada por Kuyujani a las autoridades competentes, sin obtener respuesta.

El territorio de ocupación tradicional de los pueblos ye’kwana y sönema del río Caura cuenta con un proceso de demarcación en curso, cuyo expediente fue presentado a partir del año 2001, en varias etapas, por la organización Kuyujani ante la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitats y Tierras Indígenas. Sin embargo, el fallo oficial a favor de estos pueblos no ha ocurrido. La demarcación de los territorios indígenas es un derecho reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y representa un derecho fundamental para la vida de todos los pueblos indígenas, y es una manera de evitar que grupos ajenos generen hechos de violencia. Además, sienta las bases para la implementación de Protocolos de Consulta Previa Libre e Informada cuando se plantea la necesidad de llevar a cabo proyectos de interés nacional que los afectan.

Por otra parte, en 2017, luego de la creación de la Zona estratégica Nacional Arco Minero del Orinoco (2016), se decretó el Parque Nacional Caura, con miras a proteger este territorio indígena desde una perspectiva integral, en vista del alto valor ecológico que reviste. De esta manera, debería ser, definitivamente, un área libre de minería ilegal, así como de cualquier grupo armado irregular. 

El día de ayer la organización Kuyujani, se manifestó con preocupación ante los hechos de violencia ocurridos no sólo la semana pasada, sino previamente, el maltrato físico del que han sido objeto por parte de estos grupos irregulares y la invasión de sus territorios.  En este sentido, queremos expresar nuestra preocupación y rechazo ante esta situación, la cual es recurrente en la cuenca desde hace más de una década y que representa una clara amenaza y violación a la integridad física y cultural de estos pueblos indígenas, ligada a sus derechos territoriales y ambientales. La situación general de violencia introducida por estos grupos armados viene en aumento, en paralelo con el incremento de la minería ilegal. Estos grupos mantienen a la población de la cuenca bajo amenazas sistemáticas y terror en toda el área. Es decir, hay una situación estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los ríos Caura y Ventuari. Si continua el deterioro de los derechos, se profundizarán las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas, que al atentar contra el ambiente impactará aún más los patrones culturales y su vínculo territorial, con el desencadenamiento de graves consecuencias sociales: desplazamientos, violencia endémica, enfermedades foráneas, como puede ocurrir actualmente con el COVID-19. 

Por todas las razones antes expuestas, como organización que promueve los derechos indígenas y ambientales, solicitamos a los órganos competentes del Estado venezolano tomar medidas urgentes y efectivas, como:

  • Garantizar la integridad física y cultural de los pueblos ye’kwana y sanöma, habitantes de la cuenca del Caura y Alto Erebato, ante la actividad minera en la zona y la presencia de grupos armados generadores de violencia.
  • Retomar con urgencia el proceso de demarcación de hábitats y tierras indígenas en la cuenca del rio Caura.
  • Proteger los derechos ambientales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como dar cumplimiento a las normas en materia de Aéreas Naturales Protegidas, por lo que urge generar el Plan de Ordenamiento y el Reglamento de Uso del Parque Nacional Caura y eliminar toda actividad de naturaleza ilegal que allí estén ocurriendo. 
  • Implementar medidas efectivas para controlar la minería ilegal en la zona, y desalojar a los grupos mineros. 
  • Realizar una investigación efectiva e imparcial sobre los hechos ocurridos el 6 de mayo de este año, para determinar responsabilidades en el caso particular de las agresiones que afectaron a los indígenas.

Finalmente, Wataniba hace un llamado a los órganos competentes del Estado venezolano a tomar medidas que permitan controlar el grave problema de la presencia y actuación de grupos armados irregulares (sindicatos) en territorios habitados por pueblos y comunidades indígenas. En la actualidad, la movilidad incontrolada de esos grupos puede generar amenazas vinculadas a la sobrevivencia de los pueblos y comunidades indígenas, quienes, además, tienen que hacer frente a la amenaza de la pandemia Covid-19. La movilidad de los mineros no solo genera violencia y muerte, sino también trasmisión de enfermedades que, en el caso del coronavirus, puede representar un verdadero genocidio. En cumplimiento del deber de protección que tiene el Estado venezolano según los convenios internacionales es urgente tomar medidas en la cuenca del Caura, y en todos los territorios indígenas afectados por actividades ilícitas asociadas a la presencia/invasión por grupos externos.   

Descarga aquí el Pronunciamiento de la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani.

Fotografía Wataniba/Jesús-Chucho-Sosa

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