La jurisdicción especial indígena como expresión de las instituciones indígenas de derecho propio en Venezuela.

Vladimir Aguilar Castro

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Universidad de Los Andes

Investigador Asociado del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba”

El marco nacional e internacional de la cuestión

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, establece en su Capítulo VIII que:

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (…) Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades (…) (artículos 119, 121 y 123 respectivamente).

En Venezuela, a partir del proceso constituyente y de la puesta en vigencia de la Constitución de 1999, se adelantan importantes acciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Muestra de estos avances se aprecian a través de la ratificación por parte del Estado venezolano del Convenio 169 de la OIT (2001), y de la promulgación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001).

Con la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en el año 1989, se abrió un panorama en donde los conceptos de derechos consuetudinarios, derecho propio, derecho mayor, ley de origen y jurisdicción especial, como los elementos que conforman el sistema de justicia indígena, progresivamente se han venido consolidando en el orden jurídico internacional, y en las legislaciones internas de los Estados de América Latina (Ávila, 2013, 65).

Fotografía Wataniba

Los avances en el texto constitucional se expresan en el reconocimiento de la sociedad venezolana como multiétnica y pluricultural reconociéndose ya no en un régimen de excepción, sino directamente los derechos de los pueblos indígenas a mantener su cultura, su idioma y su hábitat, entre otros.

Los idiomas indígenas son considerados oficiales de estos pueblos (art. 9), garantizándose el derecho de estos pueblos a mantener y desarrollar su cultura, con un ordenamiento político, social y religioso acorde con su sabiduría ancestral, sobre la base de un sistema económico, de educación y de salud propios y con derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo (arts. 119, 121, 123 respectivamente). Se garantiza también el derecho a la propiedad colectiva de sus conocimientos y se prohíbe el registro de patentes sobre sus recursos y conocimientos (art. 124), reconociéndose el derecho consuetudinario indígena (art. 260), así como la representación política a través de tres diputados indígenas en la Asamblea Nacional (art. 186).

A nivel internacional, el mandato de la Relatoría Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas se ha referido reiteradamente a la cuestión de los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas. Las principales preocupaciones planteadas por los pueblos indígenas son la falta de reconocimiento y apoyo efectivos a sus sistemas de justicia por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales; la existencia de discriminación y prejuicios contra los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia; y la falta de métodos eficaces de cooperación y coordinación entre sus sistemas de justicia y las autoridades de la justicia ordinaria del Estado. El cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos por parte de los sistemas de justicia tanto ordinarios como indígenas, en particular en relación con los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, es también un asunto de preocupación de la Relatoría.

La Relatoría ha venido examinando los estándares internacionales relativos a la justicia indígena consuetudinaria, el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo; las lecciones aprendidas de las legislaciones nacionales y sentencias judiciales sobre justicia indígena; y las observaciones y recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros.

Tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales (artículo 5) y a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluyendo sus costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (artículo 34).

Lo anterior constituyen importantes elementos de su derecho a la libre determinación (artículo 3). Además, la Declaración afirma el derecho de los pueblos indígenas “a procedimientos equitativos y  justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre sus controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos” teniendo debidamente en cuenta “las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos” (artículo 40).

Fotografía Wataniba

Territorio y justicia: una doble dimensión de la jurisdicción

Sin territorio no hay justicia. La premisa de esta doble dimensión de la jurisdicción especial indígena está establecida y reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En efecto, es en el contenido de los artículos 119 y 260 de la CRBV donde se encuentra estatuido que la administración de los territorios Indígenas es consustancial con la administración de justicia. Una conlleva a la otra aún, cuando la demarcación de los hábitats indígenas en el país sea un derecho pendiente.

La Jurisdicción Especial Indígena es un espacio de justiciabilidad, es decir, implica la facultad y la posibilidad de hacer valer derechos propios lo cual es un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas tanto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la OIT. De igual manera, el Estado venezolano reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas ya que ellos pueden aplicar sus propias formas de justicia dentro de sus hábitat y tierras a través de sus autoridades legítimas, y estas sólo deben involucrar a sus habitantes, siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos establecido en la CRBV (1999), los tratados, pactos y convenciones internaciones.

La Sala Constitucional, a través de sus controvertidas jurisprudencias no ha logrado establecer aspectos relevantes de la Jurisdicción Especial Indígena, en la que se brinden herramientas importantes de interpretación, quedando aún una serie de interrogantes en cuanto a los conflictos de competencia que se suscitan entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena.

Por lo tanto, las decisiones que se han tomado no dejan ver con claridad la solución a ciertas situaciones, ejemplo de esto es el desconocimiento de los diferentes pueblos y comunidades indígenas que habitan en el país y la distinción entre sus respectivas culturas y sistemas de justicia propios, la falta de reconocimiento de algunos actores diferenciados de la sociedad y la ausencia de coordinación clara entre el sistema jurídico nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, impidiendo el establecimiento de bases  conceptuales que sustenten la jurisdicción, por lo que es importante señalar que la evolución del conflicto entre las dos jurisdicciones plantea la necesidad de avanzar en una ley de coordinación para establecer las competencias de cada una, o en el desarrollo y coordinación de ambas jurisdicciones desde una perspectiva intercultural y de diálogo de derechos diferenciados.

La jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria pueden operar como sistemas independientes pero coordinados y complementados mediante una Ley de Coordinación y Conexión de Jurisdicciones, para administrar justicia según lo establecido en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Fotografía Wataniba

Demarcación, autodemarcación y jurisdicción especial indígena

Ha sido en el marco de los procesos de autodemarcacion en el que se ha venido erigiendo la importancia de la jurisdicción especial indígena. Esta última como expresión de la revitalización y fortalecimiento de las instituciones tradicionales indígenas, viene a ocupar un rol importante en la reconfiguración de las estrategias de las organizaciones Indígenas ante la ausencia de demarcación.

En este sentido, las organizaciones indígenas en Venezuela junto a las jurisdicciones especiales indígenas que ya vienen administrando justicia en sus territorios, tienen el compromiso de seguir articulando iniciativas de defensa de los territorios indígenas desde su cosmovisión y cultura. Para ello, las jurisdicciones especiales indígenas se convierten en un instrumento clave para el desarrollo de estrategias de diálogo intercultural de derecho propio.

Entre los aspectos más apremiantes para el desarrollo de las jurisdicciones especiales indígenas en Venezuela, tenemos:

  1. Llamar la atención a la forma como, a través de distintas sentencias, la Sala Constitucional desconoce a las Jurisdicciones Especiales Indígenas constituidas en sus comunidades.
  2. Debe entenderse que, al haber contextos culturales y territoriales diferenciados, la gobernanza, gestión territorial y el desarrollo económico entre otros, son también de carácter diferenciados.
  3. Se destaca la importancia de cómo las Jurisdicciones Especiales Indígenas han logrado incluir, dentro de su competencia territorial, a casi toda la totalidad de los pueblos originarios.
  4. Producir y provocar un dialogo intercultural judicial para que los Circuitos Judiciales de los estados con población indígena publiquen todas las sentencias que le envíen los tribunales de la Jurisdicciones Especiales Indígenas, sin discriminar ninguna.
  5. En el marco de un diálogo pluricultural y de reconocimiento mutuo, solicitar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la creación de una instancia de coordinación que permita el diálogo intercultural judicial entre la Jurisdicción Especial Indígena y la jurisdicción ordinaria respectivamente, así como con los Organismos de Seguridad del Estado, Ministerio Publico, Defensa Publica y Defensoría del Pueblo, entre otros.
  6. Crear las condiciones para el impulso de una Sala Constitucional Intercultural Especial en materia indígena, con el fin de tratar asuntos relativos a conflictos de jurisdicción, control concentrado de la constitución en materia indígena, conflictos territoriales, control intercultural difuso, entre otros.
  7. Solicitar a los aliados de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los órganos y entes del Estado en materia indígena, sistema de justicia ordinaria, TSJ, universidades públicas y privadas, a coadyuvar para que la Jurisdicción Especial Indígena pueda contar con talleres de formación del sistema de justicia ordinario y en materia de derechos humanos y ambientales entre otros, en aras de tener criterios para ser más eficientes como operadores de justicia indígena en los territorios ancestrales y tradicionales.
  8. Las Jurisdicciones Especiales Indígenas, además de impartir justicia en los territorios indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres, son instancias que juegan un papel clave y fundamental en la protección del territorio, la gobernanza y en la reactivación de la economía propia de los pueblos y comunidades indígenas.
Fotografía Wataniba

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Carlos-Poleo

Carlos Poleo

Especialista en comunicaciones

Productor creativo de contenidos para proyectos audiovisuales, fotográficos y de escritura en plataformas virtuales y tangibles. Por una década produjo piezas de branding y contenido promocional, programas de televisión de corto y mediano formato para HBO Latin America Group.  Ha trabajado para varias agencias de publicidad como redactor, productor y director creativo. Fue escritor y coordinador editorial del semanario Urbe en Venezuela. También fue fundador de 3.1 MultiMedia, un estudio de creación y producción de contenidos, y de Residencia, un grupo multidisciplinario dedicado a la creación visual. Ha escrito, producido y dirigido cortometrajes de ficción y documentales independientes como xxxx.

Graduado en Marketing y Publicidad por el Instituto Superior Universitario de Mercadotecnia. Realizó estudios literarios en la Universidad Católica Andrés Bello que continuaron en la Universidad Central de Venezuela. Cursó estudios de fotografía en la Escuela de Roberto Mata, la Organización Nelson Garrido y en el International Center of Photography en Nueva York. 

Luis-Medina

Luis Medina

Investigador (Gestión ambiental)

Ingeniero ambiental con especialización en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), con experiencia en el análisis espacial, procesamiento digital de imágenes de satélite y la interpretación de coberturas de la tierra. Actualmente apoya en el seguimiento de la actividad minera, la detección de incendios, así como los principales factores que inciden en la deforestación en la Amazonia venezolana y la Panamazonia desde el Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba.

Luis Bello

Luis Jesús Bello

Director Operativo / Coordinador del Programa de Derechos Indígenas

Abogado por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), especialista en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Director Operacional y Político de Wataniba y lleva el Programa de Derechos Indígenas de esta organización. Tiene treinta y dos años trabajando con los pueblos indígenas de la Amazonia. Ha sido asesor de las principales organizaciones indígenas de la región y de la comisión que redactó los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en la Constitución de 1999 en Venezuela. Fue coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Defensor del Pueblo del Estado Amazonas. Tiene más de 10 años trabajando el tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en Venezuela y participa activamente en los procesos de gestión y en la formalización de las jurisprudencias especiales indígenas de los distintos pueblos que hacen vida en la Amazonia venezolana.

Laura-Botero

Laura Botero

Asistente a la Dirección Ejecutiva

Psicóloga por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Actualmente es la Asistente a la Dirección Estratégica de Wataniba desde donde trabaja en la elaboración de propuestas y planes operativos y en el seguimiento de proyectos. Participa en las distintas actividades de campo de Wataniba, así como en la elaboración de productos analíticos y de investigación. Apoya a la Dirección Estratégica en las relaciones institucionales con organizaciones aliadas, cooperantes y financistas. Tiene formación y experiencia en monitoreo y evaluación de programas sociales de diversa índole: asistencia alimentaria, salud, población en necesidad de protección internacional y más recientemente, por su trabajo en Wataniba, en proyectos relacionados con la Amazonía. Entre sus líneas de investigación y áreas de interés están: violencia y seguridad ciudadana, riesgo y vulnerabilidad psicosocial, intervención social, género y descolonización y prácticas artísticas. Ha asistido en proyectos de investigación auspiciados por Amnistía Internacional en el área de seguridad ciudadana y colaborado con Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia). 

Natalia-Hernández

Natalia Hernández

Subdirectora Técnica

Bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes (Colombia) con Maestría en Gestión Ambiental y Planificación Territorial del Centro Universitario Internacional de Barcelona (Cataluña). Actualmente reparte su tiempo entre ser la Subdirectora Técnica de Wataniba y Coordinadora del Eje Diálogos y Saberes Interculturales de la Fundación Gaia Amazonas (Colombia). Posee amplia experiencia en temas vinculados con gobernanza territorial y ambiental, análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, estrategias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, formulación de planes de manejo de áreas protegidas, diseño y formulación de proyectos, recopilación, captura y análisis de información, análisis de amenazas y presiones sobre ecosistemas estratégicos, trabajo comunitario con indígenas, afrocolombianos y campesinos, procesos de planificación y ordenamiento territorial, realización de inventarios florísticos y evaluaciones ecológicas rápidas, sistematización y procesamiento de información alfanumérica y geográfica. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales y empresas consultoras en Colombia, Brasil y Venezuela, como Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Fundación Etnollano, Instituto Socioambiental y 4D Elements Consultores.

Guillermo-Marciales

Guillermo Marciales

Investigador y asesor legal

Abogado por la Universidad Central de Venezuela y Magíster en Control de la Gestión Pública por la Universidad la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública ENAHP (Venezuela). Es Profesor del Instituto Culinario de Investigación Amazonas ICIA y asesor legal e investigador en el Programa de Derechos Indígenas de Wataniba. Ha sido asesor legal del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Ature del Estado Amazonas y del Ministerio del Ambiente. Perteneció al equipo legal de la Comisión Regional de Demarcación de tierra y hábitats indígenas del Estado Amazonas y fue asesor de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas. Desde el 2013, acompaña a las comunidades Uwottüja de la Cuenca del Cataniapo y Ye’kwana del Alto Ventuari en los procesos de elaboración y gestión de sus jurisdicciones especiales indígenas. Participó activamente en la elaboración del libro La jurisdicción especial indígena en Venezuela como autor y en la coordinación editorial.

Vladimir-Aguilar

Vladimir Aguilar

Investigador y asesor legal

Politólogo, abogado de la Universidad de los Andes (Venezuela). Doctor en Estudios del Desarrollo mención Política Internacional, por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra (Suiza). Profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de esta misma casa de estudios. Es asesor legal e investigador en el Programa de Derechos Indígenas de Wataniba.  Fue coordinador del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) y del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. Es profesor invitado recurrente en el Diplomado de Expertos en Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Lyon II. Así mismo, ha sido profesor visitante de la Universidad de las Islas Baleares (España), la Universidad Autónoma de Chiapas (México), la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Ecuador) y otras universidades en América Latina. Ha sido autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos, entre los que destaca su participación en el libro La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio como coordinador y autor de capítulos.

Tina

María (Tina) Oliveira-Miranda

Coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental

Licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Simón Bolívar (Caracas). Coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba y miembro del Grupo de Investigación BioEvo de su Alma Mater. Miembro de la Comisión de Manejo Ecosistémico de la UICN. Lleva más de veinte años trabajando por la conservación del ambiente y la gestión territorial desde instituciones como la Universidad Simón Bolívar, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y organizaciones de la sociedad civil como Provita y Wataniba. Su línea de investigación principal gira en torno al análisis de la condición de los ecosistemas nacionales y continentales. En los últimos años se ha centrado principalmente en la evaluación y seguimiento de las presiones y amenazas que existen sobre la Panamazonia y la Amazonia venezolana. Para sus estudios y desarrollo profesional, se ha apoyado fuertemente en el uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica para la monitorización de los procesos de cambio en la cobertura terrestre. Cuenta con más de 25 publicaciones y más de 40 presentaciones en congresos. Es autora de la Lista Roja de los Ambientes Terrestres de Venezuela, la cual fue publicada en un libro homónimo, y coautora del nuevo mapa de Unidades Ecológicas de Venezuela, conjuntamente con Otto Huber. Participa de diversas redes nacionales e internacionales como la Rede Pro Yanomami Ye’kwana, Raisg, ANA, Alianza por la Acción Climática -Venezuela y ReGeneC.

Diana-Guevara

Diana Guevara

Asistente de investigaciones y proyectos socioambientales

Nativa Jivi, Licenciada en Gestión Ambiental por la Universidad Bolivariana de Venezuela y Técnica Superior en Ecoturismo por el Instituto Universitario de Tecnología Amazonas (Iutama). Lleva cinco años siendo parte del equipo de Wataniba. Actualmente es asistente del Programa Monitoreo Sociambiental de Wataniba. Desde allí trabaja en proyectos socioambientales dirigidos a promover y defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, sea en la planificación, ejecución y seguimiento de los mismos. También apoya en los proyectos de investigación y monitoreo con líderes indígenas que lleva a cabo la organización en torno a impactos en temas territoriales, ambientales, y culturales. En el último año ha mantenido un proceso constante de formación en materia de cambio climático. Así mismo participa en redes de jóvenes centradas en la conservación de la Amazonía y la adaptación y mitigación del cambio climático.

Jesús Abeleida Corvalán

Investigador (Geógrafo)

Geógrafo con estudios de Maestría en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo profesional ha girado en torno al desarrollo de sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, la creación de servicios web de mapas (WMS), así como el análisis y ordenamiento territorial con relación a temáticas socioambientales, trabajo en campo con comunidades y cartografías sociales indígenas. Actualmente, en Wataniba, se encarga de la elaboración de productos cartográficos y el mantenimiento de bases de datos sobre la Amazonia venezolana, como parte de las actividades del Programa de Monitoreo Socioambiental. 

Martha-Lopez

Martha López

Directora Financiera y Contable

Contadora Pública por la Universidad de la Salle (Colombia) con especializaciones  en Gerencia y Gestión pública por la misma casa de estudios y adopción NIIF de la Universidad Externado de Colombia y Recursos Humanos. Se especializa en gestiones y procedimientos administrativos, registro de contabilidad, proyección y ejecución de presupuestos y en el análisis de informes financieros. Ha trabajado de manera independiente como contadora pública y revisora fiscal para diferentes empresas y organizaciones en Colombia desde 1998. Desde el 2012 trabaja para Wataniba como Contadora.

Gabriela-Croes

Gabriela Croes

Asesora antropológica

Antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. Magister en Historia por el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Venezuela), especializada en historia de Venezuela. Profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Fue Directora Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación por una década (1997-2007). Desde allí coordinó la elaboración de guías pedagógicas para el Programas en Educación Intercultural Bilingüe y el proyecto nacional de políticas públicas desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Entre 2000-2007 fue integrante de comisiones nacional y binacionales de alto nivel en asuntos indígenas, como la comisión de minería ilegal Venezuela-Brasil que involucran al Ministerio de Educación y la Cancillería venezolana.  Ha sido facilitadora en procesos de demarcación y autodemarcación de territorios indígenas y planes de vida de los pueblos Yukpa, Pemon, Chaima, Pume, Kuiva, Warao y Yek’wana.

Fue asesora de las organizaciones indígenas Kuyujani del alto Caura y Asochaica del pueblo chaima del estado Monagas. Consultora e investigadora de las culturas indígenas a través de la revista Anthropos, de estudios sociales aplicados. Entre 2013-2015, fue la coordinadora nacional del proyecto “Sitios Sagrados naturales de los pueblos indígenas de Venezuela”, llevado a cabo por el Ministerio de Educación con ORPIA y otras organizaciones regionales y nacionales y que dio como resultado una publicación homónima. Desde 2020 apoya Wataniba en el desarrollo de un sistema de alerta temprana y educación intercultural bilingüe para enfrentar el COVID-19 en comunidades indígenas de los estados Amazonas y Bolívar; además acompaña el desarrollo de mapas sitios sagrados de los pueblos Ye´kwana y Uwottüja.

En su trayectoria académica ha participado en calidad de ponente en eventos y congresos internacionales representando a Venezuela en la OEA, Educación Intercultural en los países de América Latina y el Caribe y en el 2014 representó a Venezuela en el Mercosur cultural.

RodrigoTapia

Rodrigo Tapia

Investigador (antropólogo) y asistente en proyectos
de formación intercultural

Antropólogo Magna Cumlaude por la Universidad Central de Venezuela, cursando estudios de filosofía en esta misma casa de estudio. Apoya en el Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba en sus actividades de formación y en los proyectos de investigación socio-cultural que lleva a cabo la organización. Ha trabajado como analista espacial para el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, aplicando encuestas y cuestionarios en comunidades indígenas y rurales, así como procesando datos. Así mismo ha participado de proyectos de investigación en torno a los saberes indígenas y los sitios sagrados de los pueblo indígenas de la amazonía en apoyo a Anthrophos para la elaboración de materiales didácticos, así como para estudios realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Venezuela).

Leyda-Sanchez

Leyda Sánchez

Educadora en proyectos de formación intercultural

Nativa y parlante Jivi, Profesora de educación intercultural bilingüe formada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) y diplomada en “Pedagogía comunitaria para el buen vivir de los pueblos indígenas” por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ha trabajado como docente de escuelas en Caracas y Puerto Ayacucho. Además de ejercer como maestra, ha participado en proyectos comunitarios como el de Diakone Katastrofhenhilpe y ha servido de apoyo en redes y organizaciones que velan por los derechos indígenas; entre éstas destacan ORPIA y Wataniba. En la segunda pone al servicio su formación como docente intercultural bilingüe y su intereses y saberes sobre las comunidades para organizar talleres y otras actividades de capacitación que surgen del Programa de Monitoreo Socioambiental de Wataniba.  

Beatriz-Bellorin

Beatriz Bellorín

Asesora en comunicaciones

Socióloga por la Universidad Católica Andrés Bello, Magíster en Antropología Visual por University of London, Goldsmiths College. Fotógrafa y artista visual, se ha dedicado al desarrollo de investigaciones sociales cualitativas y la traducción de sus metodologías en la realización de videos y ensayos fotográficos con temas relacionados con el desarrollo humano sustentable y la gestión cultural. Ha centrado su trabajo en la promoción de intervenciones que generan impacto social y en compartir relatos que cuentan la adquisición y consolidación de capacidades en poblaciones vulnerables, promoviendo y alentando el compromiso con el bienestar en América Latina. Es co-fundadora de Foco Sustentable, Centro Lyra y Automático Films, organizaciones todas que giran en torno a la promoción del desarrollo sustentable. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones académicas en Venezuela y Estados Unidos, como Voices For Children, Avina Américas, Athena Lab For Social Change, SOCSAL, Wataniba y el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Tanto en Voices for Children y en Wataniba ha impulsado importantes cambios en las estrategias comunicacionales de ambas organizaciones. También ha sido consultora para proyectos de Ashoka, Banco BBVA, Empresas Polar y Plumrose, entre otros.

Brenda-Bellorin

Brenda Bellorín

Coordinadora de comunicaciones

Investigadora y crítica literaria, editora, gestora de proyectos culturales y sociales y creadora de contenidos para niños y jóvenes. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Máster en Estudios Liberales en la New School University (EEUU) con una beca Fullbright. Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universitat Autònoma de Barcelona (Cataluña). Dirigió la Gerencia de Información Documentación y Estudio del Banco del Libro de Venezuela, allí desarrolló proyectos editoriales y organizó exposiciones, cursos, simposios, seminarios y participó en diversos proyectos sociales y culturales en comunidades urbanas y rurales poco favorecidas. Ha sido profesora en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, el Máster de Promoción de lectura de la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona, así como en La Escola de la Dona. Entre el 2006 y el 2019 fue profesora del Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autònoma de Barcelona- Banco del Libro y miembro de la coordinación académica de este programa. Asimismo, ha colaborado con editoriales como Ediciones Ekaré, FCE, Akal, Zorro Rojo y Flamboyant. Creó, junto con Miriam Martínez Garza, Vuelta de Caracol, una agencia de contenidos creativos para proyectos editoriales, culturales y sociales destinados al público infantil y juvenil. Actualmente reparte su tiempo apoyando las organizaciones sociales Ágora y Centro Lyra en la formulación y ejecución de proyectos, y Wataniba, donde apoya en la Coordinación de Comunicación y Publicaciones creando contenidos y editando materiales.

Loreana Botero

Asistente de comunicaciones

Estudia Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y asiste a la Coordinación de Comunicaciones y Publicaciones de Wataniba, recopilando y procesando materiales para la escritura de artículos, notas de prensa y posts para redes sociales.

Roselin-Gonzalez

Roselin González

Administradora Interna

Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Carabobo (Venezuela), especializada en gestiones y procedimientos administrativos y la elaboración de informes financieros y contables, declaraciones de impuestos y manejo de programas contables. Fue Directora de Administración del Instituto Nacional de Nutrición del estado Amazonas, Directora de Administración y Finanzas del municipio Autana, estado Amazonas, así como Administradora para Fundaproal. Desde inicios del 2021 trabaja como Administradora Interina para Wataniba. Entre el 2009 y 2012 fue profesora de matemáticas financiera y contabilidad básica en la UPEL (Venezuela).

Maria-Teresa-Quispe

María Teresa Quispe

Directora Ejecutiva / Coordinadora de Redes Amazónicas

Socióloga por la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), con más de veinte y cinco años de experiencia en organizaciones sociales e instituciones gubernamentales que buscan fortalecer a colectivos de distinta índole. Fundadora y Directora Estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, Wataniba. Desde el 2002 se dedica al diseño de políticas que buscan promover nuevos modelos de bienestar para la Amazonía, con una perspectiva que considera la protección de los bosques y los derechos de los pueblos amazónicos. Como directora estratégica de Wataniba, establece líneas de trabajo de la organización, diseña y dirige la implementación de programas que buscan empoderar a los pueblos indígenas en la consolidación de sus derechos a la autodeterminación, la tenencia y gestión de sus tierras de origen, el respeto de sus conocimientos, tradiciones y formas de vida ancestrales. Así mismo, se dedica a la consolidación de redes abocadas a mitigar y poner fin a las amenazas que ponen en peligro a la Amazonia y su gente. En ese marco, lidera la articulación institucional de Wataniba con organizaciones e instituciones regionales, nacionales e internacionales como ISA, Gaia Amazonas y alianzas y redes regionales como ANA, COICA, RAISG, CANOA, entre otros. Establece relaciones con donantes y cooperantes internacionales para la recaudación de fondos para hacer viables los objetivos organizacionales.