La jurisdicción especial indígena como expresión de las instituciones indígenas de derecho propio en Venezuela.

Vladimir Aguilar Castro

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Universidad de Los Andes

Investigador Asociado del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba”

El marco nacional e internacional de la cuestión

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, establece en su Capítulo VIII que:

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (…) Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades (…) (artículos 119, 121 y 123 respectivamente).

En Venezuela, a partir del proceso constituyente y de la puesta en vigencia de la Constitución de 1999, se adelantan importantes acciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Muestra de estos avances se aprecian a través de la ratificación por parte del Estado venezolano del Convenio 169 de la OIT (2001), y de la promulgación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001).

Con la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en el año 1989, se abrió un panorama en donde los conceptos de derechos consuetudinarios, derecho propio, derecho mayor, ley de origen y jurisdicción especial, como los elementos que conforman el sistema de justicia indígena, progresivamente se han venido consolidando en el orden jurídico internacional, y en las legislaciones internas de los Estados de América Latina (Ávila, 2013, 65).

Fotografía Wataniba

Los avances en el texto constitucional se expresan en el reconocimiento de la sociedad venezolana como multiétnica y pluricultural reconociéndose ya no en un régimen de excepción, sino directamente los derechos de los pueblos indígenas a mantener su cultura, su idioma y su hábitat, entre otros.

Los idiomas indígenas son considerados oficiales de estos pueblos (art. 9), garantizándose el derecho de estos pueblos a mantener y desarrollar su cultura, con un ordenamiento político, social y religioso acorde con su sabiduría ancestral, sobre la base de un sistema económico, de educación y de salud propios y con derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo (arts. 119, 121, 123 respectivamente). Se garantiza también el derecho a la propiedad colectiva de sus conocimientos y se prohíbe el registro de patentes sobre sus recursos y conocimientos (art. 124), reconociéndose el derecho consuetudinario indígena (art. 260), así como la representación política a través de tres diputados indígenas en la Asamblea Nacional (art. 186).

A nivel internacional, el mandato de la Relatoría Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas se ha referido reiteradamente a la cuestión de los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas. Las principales preocupaciones planteadas por los pueblos indígenas son la falta de reconocimiento y apoyo efectivos a sus sistemas de justicia por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales; la existencia de discriminación y prejuicios contra los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia; y la falta de métodos eficaces de cooperación y coordinación entre sus sistemas de justicia y las autoridades de la justicia ordinaria del Estado. El cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos por parte de los sistemas de justicia tanto ordinarios como indígenas, en particular en relación con los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, es también un asunto de preocupación de la Relatoría.

La Relatoría ha venido examinando los estándares internacionales relativos a la justicia indígena consuetudinaria, el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo; las lecciones aprendidas de las legislaciones nacionales y sentencias judiciales sobre justicia indígena; y las observaciones y recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros.

Tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales (artículo 5) y a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluyendo sus costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos (artículo 34).

Lo anterior constituyen importantes elementos de su derecho a la libre determinación (artículo 3). Además, la Declaración afirma el derecho de los pueblos indígenas “a procedimientos equitativos y  justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre sus controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos” teniendo debidamente en cuenta “las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos” (artículo 40).

Fotografía Wataniba

Territorio y justicia: una doble dimensión de la jurisdicción

Sin territorio no hay justicia. La premisa de esta doble dimensión de la jurisdicción especial indígena está establecida y reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En efecto, es en el contenido de los artículos 119 y 260 de la CRBV donde se encuentra estatuido que la administración de los territorios Indígenas es consustancial con la administración de justicia. Una conlleva a la otra aún, cuando la demarcación de los hábitats indígenas en el país sea un derecho pendiente.

La Jurisdicción Especial Indígena es un espacio de justiciabilidad, es decir, implica la facultad y la posibilidad de hacer valer derechos propios lo cual es un derecho colectivo reconocido a los pueblos indígenas tanto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la OIT. De igual manera, el Estado venezolano reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas ya que ellos pueden aplicar sus propias formas de justicia dentro de sus hábitat y tierras a través de sus autoridades legítimas, y estas sólo deben involucrar a sus habitantes, siempre que no sean incompatibles con los derechos humanos establecido en la CRBV (1999), los tratados, pactos y convenciones internaciones.

La Sala Constitucional, a través de sus controvertidas jurisprudencias no ha logrado establecer aspectos relevantes de la Jurisdicción Especial Indígena, en la que se brinden herramientas importantes de interpretación, quedando aún una serie de interrogantes en cuanto a los conflictos de competencia que se suscitan entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena.

Por lo tanto, las decisiones que se han tomado no dejan ver con claridad la solución a ciertas situaciones, ejemplo de esto es el desconocimiento de los diferentes pueblos y comunidades indígenas que habitan en el país y la distinción entre sus respectivas culturas y sistemas de justicia propios, la falta de reconocimiento de algunos actores diferenciados de la sociedad y la ausencia de coordinación clara entre el sistema jurídico nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, impidiendo el establecimiento de bases  conceptuales que sustenten la jurisdicción, por lo que es importante señalar que la evolución del conflicto entre las dos jurisdicciones plantea la necesidad de avanzar en una ley de coordinación para establecer las competencias de cada una, o en el desarrollo y coordinación de ambas jurisdicciones desde una perspectiva intercultural y de diálogo de derechos diferenciados.

La jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria pueden operar como sistemas independientes pero coordinados y complementados mediante una Ley de Coordinación y Conexión de Jurisdicciones, para administrar justicia según lo establecido en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Fotografía Wataniba

Demarcación, autodemarcación y jurisdicción especial indígena

Ha sido en el marco de los procesos de autodemarcacion en el que se ha venido erigiendo la importancia de la jurisdicción especial indígena. Esta última como expresión de la revitalización y fortalecimiento de las instituciones tradicionales indígenas, viene a ocupar un rol importante en la reconfiguración de las estrategias de las organizaciones Indígenas ante la ausencia de demarcación.

En este sentido, las organizaciones indígenas en Venezuela junto a las jurisdicciones especiales indígenas que ya vienen administrando justicia en sus territorios, tienen el compromiso de seguir articulando iniciativas de defensa de los territorios indígenas desde su cosmovisión y cultura. Para ello, las jurisdicciones especiales indígenas se convierten en un instrumento clave para el desarrollo de estrategias de diálogo intercultural de derecho propio.

Entre los aspectos más apremiantes para el desarrollo de las jurisdicciones especiales indígenas en Venezuela, tenemos:

  1. Llamar la atención a la forma como, a través de distintas sentencias, la Sala Constitucional desconoce a las Jurisdicciones Especiales Indígenas constituidas en sus comunidades.
  2. Debe entenderse que, al haber contextos culturales y territoriales diferenciados, la gobernanza, gestión territorial y el desarrollo económico entre otros, son también de carácter diferenciados.
  3. Se destaca la importancia de cómo las Jurisdicciones Especiales Indígenas han logrado incluir, dentro de su competencia territorial, a casi toda la totalidad de los pueblos originarios.
  4. Producir y provocar un dialogo intercultural judicial para que los Circuitos Judiciales de los estados con población indígena publiquen todas las sentencias que le envíen los tribunales de la Jurisdicciones Especiales Indígenas, sin discriminar ninguna.
  5. En el marco de un diálogo pluricultural y de reconocimiento mutuo, solicitar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la creación de una instancia de coordinación que permita el diálogo intercultural judicial entre la Jurisdicción Especial Indígena y la jurisdicción ordinaria respectivamente, así como con los Organismos de Seguridad del Estado, Ministerio Publico, Defensa Publica y Defensoría del Pueblo, entre otros.
  6. Crear las condiciones para el impulso de una Sala Constitucional Intercultural Especial en materia indígena, con el fin de tratar asuntos relativos a conflictos de jurisdicción, control concentrado de la constitución en materia indígena, conflictos territoriales, control intercultural difuso, entre otros.
  7. Solicitar a los aliados de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los órganos y entes del Estado en materia indígena, sistema de justicia ordinaria, TSJ, universidades públicas y privadas, a coadyuvar para que la Jurisdicción Especial Indígena pueda contar con talleres de formación del sistema de justicia ordinario y en materia de derechos humanos y ambientales entre otros, en aras de tener criterios para ser más eficientes como operadores de justicia indígena en los territorios ancestrales y tradicionales.
  8. Las Jurisdicciones Especiales Indígenas, además de impartir justicia en los territorios indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres, son instancias que juegan un papel clave y fundamental en la protección del territorio, la gobernanza y en la reactivación de la economía propia de los pueblos y comunidades indígenas.
Fotografía Wataniba

Facebook:  Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba
Instagram:  @wataniba
Twitter:  @Wataniba_ve

Comparte nuestras publicaciones