La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio, un libro que bien vale la pena conocer y divulgar

El pasado jueves 29 de julio tuvo lugar la presentación del libro La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio coordinado por Vladimir Aguilar, Guillermo Marciales y Vercilio Mejías y editado como un esfuerzo en conjunto de GTAI, el Museo Arquelógico de la ULA y Ediciones Dabánatà. Fue un gusto para Wataniba colaborar en la edición de este libro y participar en su presentación, dado que toca un tema escasamente difundido entre el público general, a pesar de ser un pivote para el resguardo de la Amazonía y sus pueblos. Pocos conocen las jurisdicciones especiales indígenas: los elementos que las definen, sus orígenes, los obstáculos que los pueblos originarios han enfrentado en cuanto al acceso a la justicia ordinaria y cómo se ha aplicado en Venezuela. 

La presentación fue una introducción exhaustiva y bien documentada del tema y el libro en sí, tal como pueden seguir en esta síntesis del encuentro. En ella se dieron cita especialistas en el tema como Barlotomé Calvero (Universidad de Sevilla), Vladimir Aguilar (GTAI), Luis Bello (Wataniba), Linda Bustillos (GTAI-Universidad de los Andes), Guillermo Marciales (Wataniba), Eligio Da Costa (ORPIA), Francisco Rogríguez (ULA) y Lino Meneses (Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Guttiérez de la ULA y Ediciones Dabánatà, como moderador). Entre todos fueron ofreciendo elementos para presentar un panorama, a la vez que explicaban la relevancia de la publicación de La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio para el país y la región.

Vladimir Aguilar, el investigador principal del libro, comenzó exponiendo que el problema de base que tienen las jurisprudencias de los pueblos en Venezuela está en que el Estado no reconoce la jurisdicción de los pueblos indígenas e, incluso, algunos pueblos y sus territorios ancestrales están al margen del reconocimiento formal de los entes gubernamentales. Mencionó también, al igual que posteriormente Eligio Da Costa, casos específicos de personas que han luchado por sus tierras y a quienes se le han vulnerado sus derechos. Así mismo, le dio contexto a la obra hablando de fragmentación de los territorios indígenas en Venezuela, la emergencia de la jurisdicción en los territorios como espacios de resistencia, la existencia de fallas de la demarcación de los territorios y la crisis humanitaria en la que está sumida el país que igualmente tiene incidencia en el tema. 

Una vez acabada la intervención de Aguilar, Guillermo Marciales habló sobre el impacto que han tenido las diferentes organizaciones de base en entablar el diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas para la demarcación de sus territorios. Enfatizó el papel protagónico de los tribunales de cada uno de los pueblos indígenas; específicamente mencionó los logros del tribunal del pueblo Uwottüja de San Pablo de Cataniapo en torno a la aplicación del derecho propio. Los miembros de este tribunal lograron prohibir la manipulación de cadáveres y la realización de autopsias a individuos Uwottüja en caso de que se hiciese una investigación penal, ya que esta práctica va en contra de sus costumbres y entra en contradicción con su cosmogonía.

Encuentros y desencuentros entre la Constitución y las jurisdicciones especiales indígenas

El primer punto mencionado por Aguilar fue desarrollado luego de manera más técnica y por Luis Bello, quien hizo un exhaustivo recorrido por el desarrollo de la jurisdicción indígena pasándose por sus orígenes en la Constitución de Venezuela de 1999, los sistemas normativos de los pueblos y su relación con la Carta Magna, hasta llegar a enumerar algunas de las dificultades e impedimentos para el ejercicio del derecho de la jurisdicción indígena que tiene su origen  en que “en el país no hay una ley en específico que desarrolle el libre derecho de la jurisdicción indígena”.  

Así mismo, el catedrático Bartolomé Clavero, invitado especial de este evento, también disertó sobre la relación entre la Constitución Bolivariana de Venezuela y el derecho a la jurisdicción propia que tienen las comunidades indígenas a través de la mención de algunos artículos específicos como el 260, que estipula que los pueblos indígenas podrán aplicar en sus hábitats mecanismos de justicia según sus propias normas, siempre que no sea contrario a la Constitución, ni a la ley y el orden público. Vercilio Mejías añadió, sobre este punto, que “el artículo 260 de la Constitución de Venezuela ofrece a los pueblos indígenas la autogobernanza y el sistema de reparación normativo, que es fundamental para los sabios que nos representan como autoridades en el estado Amazonas. (…) El Tribunal Superior es un espacio para resolver conflictos internos con ayuda de los sabios y es un espacio de protección”.  En tal sentido, “la ley los favorece y respeta sus costumbres, y es clave que la vida en la modernidad pueda entender la situación actual que está viviendo nuestro pueblo”.

Clavero fue más allá del artículo 260, en una argumentación sobre el uso y significación que tiene la palabra pueblo en la carta magna venezolana. “En la Constitución el término pueblo no puede interpretarse en el sentido que se le da en el derecho internacional; sentido que comprende un conjunto de derechos, empezando por el de la autodeterminación, y si se aplica a pueblos indígenas, la Constitución no dice que no puede extenderse al caso”. A partir de ello, compartió una reflexión sobre a lo que puede abrirse en la constitución y de cómo esta manera de interpretar la palabra pueblo puede ser relevante, no sólo para los venezolanos sino para otros latinoamericanos.  

De lo nacional a lo internacional y viceversa

La conversación en torno al libro inevitablemente llevó a establecer relaciones entre los marcos legales naciones con los internacionales, y las formas de influencia que tienen unos sobre otros. Linda Bustillos, por ejemplo, estableció relaciones entre las jurisdicciones nacionales e indígenas con otros marcos legales internacionales. Explicó que, pese a que los indígenas no tienen titulación de su territorio, se ha avanzado en el marco internacional viendo a los pueblos indígenas como sujetos con derechos y deberes dentro de la comunidad global. Por ello, destacó que “hay que trabajar más en el tema de concordancia entre derecho occidental y el derecho indígena, es decir, entre la jurisdicción occidental y la jurisdicción indígena”. Después de todo, el 5% de la población mundial es indígena, pero a su vez, el 5% de esa población en total de pobres la representa también los pueblos indígenas. Esto quiere decir que los indígenas forman parte del último peldaño de la escala socioeconómica. 

Francisco Rodríguez, por su parte, explicó que Venezuela cuenta con varios tratados internacionales que giran en torno a temas indígenas y que éstos pueden ser objeto de difusión autónoma e interna, lo cual tendría una repercusión local y tienen el potencial de empoderar aún más a los pueblos que se han organizado y creado sus propias jurisdicciones. Así mismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deja en claro la existencia de un Estado plurinacional y multiétnico, lo cual faltaba, pues, entre otras cosas, abre el camino a las jurisdicciones propias y al empoderamiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, señala que este intercambio entre lo local, lo nacional y lo internacional que potencialmente puede ser rico desde el punto de vista de la jurisprudencia, también puede ser amenazante desde otros intercambios que se crean a partir de estos flujos. El más grave de todos ellos, ha sido que grandes multinacionales se han asentado en los territorios indígenas para practicar la minería y esto ha ocasionado desalojos de los propios pueblos, un impacto devastador en su salud y forma de vida, e indudablemente también efectos perniciosos que acentúan el cambio climático.   

Minorías entre las minorías, voces a ser escuchadas

El panel tocó un tema que resulta fundamental para la igualdad de género. Las jurisdicciones especiales le dan un lugar especial al derecho de las mujeres, ya que se encuentran frecuentemente en situaciones vulnerables a pesar del papel fundamental que cumplen en sus comunidades, como lo señaló Vladimir Aguilar al referirse a que el Tribunal Tuduma Saka había avanzado al respecto. Esta idea también fue reforzada por una de las asistentes, quien dijo que “las hermanas de la comunidad Uwottüja estamos en la lucha y contamos con la ayuda de grandes organizaciones como ORPIA, y como indígenas estamos cansados de que nos maltraten”. También la hermana indígena Yabarana Chepita dijo que, “las mujeres indígenas estamos en la lucha por nuestro territorio. Queremos dejar un territorio sano y libre de contaminación a nuestros descendientes (…) ¿Por qué? Porque si no luchamos, no somos indígenas. Porque: ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones con esta destrucción que están haciendo con la minería?”

Una publicación de impacto

En cuanto a lo que los especialistas dijeron sobre la relevancia del libro, puede extraerse que éste puede ayudar a:

  • Dar a conocer la brecha que hay entre la Constitución y las jurisdicciones indígenas y el por qué debería de haber más relaciones entre ambas. 
  • Comprender que la toma de acciones para disminuir el impacto del cambio climático, está estrechamente vinculada con la formalización de marcos legales que cuiden los territorios indígenas siguiendo principios de desarrollo sostenible. 
  • La defensa de los territorios de los pueblos indígenas y su autodemarcación, en la medida que muestra cómo se pueden gestionar esas tierras y los problemas que se generan cuando no hay un marco legal alineado con los saberes y tradiciones de los pueblos originarios. 

Estas ideas concuerdan con lo que dijeron algunos actores y activistas de las jurisdicciones especiales, quienes ven en ellas la posibilidad del ejercicio político, de formalizar denuncias, promover cambios para sus comunidades y de cuidar sus territorios sagrados, como se recoge a continuación: 

Ricardo Guachicono: “Estamos aquí en la lucha como siempre, algunas organizaciones indígenas están colaborando y estamos trabajando en nuestro terreno sagrado”.  

Hermano Tilio: “Seguiremos luchando sobre la defensa de nuestro territorio, pues queremos vivir tranquilos. A los pueblos aliados nos preocupa que no funcione lo que estamos haciendo (…) Nunca vamos a dejar la organización, nunca vamos a olvidar a las comunidades, a los sectores, a los municipios indígenas que estamos aquí. Para eso estamos luchando, queremos vivir en paz y tranquilos, pero muchos no tenemos los recursos ni a nadie que nos apoye”. 

Hermano Pancho: “Queremos defender nuestro territorio de la minería y vivir tranquilos”. 

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En resumen, y como bien lo señaló Da Costa, “la difusión del libro y de nuestras problemáticas nos ayuda en la defensa de nuestros territorios y en la autodemarcación”. Es un libro basado en los valores culturales propios de los pueblos indígenas, y de su forma de vida dentro del territorio del Amazonas, que recoge denuncias de casos de vulneración de derechos y da cuenta de la lucha de organizaciones y activistas por los derechos de todos los indígenas, y especialmente, de las mujeres indígenas. De este modo, se trata de un esfuerzo colaborativo que sistematiza información muy valiosa para todo aquel que se interese por entender cómo son manejados y mantenidos los territorios de los pueblos indígenas. Más aún,  La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio, ofrece pistas sobre cómo los territorios y los pueblos indígenas podrían ser más resguardados si se subsanan los problemas de demarcación, y el Estado apoyara a las comunidades y a sus tribunales con políticas, acciones y legislaciones para titular sus tierras disminuyendo las amenazas a los territorios y sus habitantes.

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